SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2014

El entonces Tribunal Constitucional, de manera uniforme estableció la línea jurisprudencial, respecto a los supuestos en que era posible tutelar el debido proceso a través de la presente garantía jurisdiccional; así el razonamiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Posteriormente, la SC0619/2015-R de 7 de junio, fue específico en señalar los supuestos en que era posible tutelar el debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, sosteniendo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. En ese sentido, la SC 0062/2010 de 27 de abril, a tiempo de asumir y reiterar los entendimientos jurisprudenciales señalados precedentemente, con sustento en el art. 125 de la CPE, precisó que: “…la norma hace referencia únicamente al indebido procesamiento como una causal de procedencia de la acción de libertad, reconociendo dentro de su ámbito de protección a la garantía del debido proceso, entendiéndose que las lesiones a la misma necesariamente deben estar vinculadas al derecho a la libertad física o personal…”. Por otro lado, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sostuvo que no es posible ingresar al análisis de fondo de una problemática a través de la acción de libertad cuando aquella está referida, “a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”. Los entendimientos glosados precedentemente fueron asumidos por las SSCC 0380/2010-R, 0577/2012-R, 2048/2010-R 0037/2011-R, 0016/2011, 1897/2011-R, entre muchas otras

El actual Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la tutela del debido proceso, vía acc9´0o de libertad, mediante la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa”. Razonamiento que también fue asumido en la SCP 0759/2012 de 13 de agosto.

Finalmente, es preciso señalar el entendimiento de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, el cual a tiempo de considerar la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad, estableció que: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.