SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2014
Fecha: 12-May-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere que, el marzo de 2012, Vías Bolivia presentó denuncia contra Rolando Tupa Villegas, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, beneficios en razón del cargo, concusión e incumplimiento de deberes, previstos y sancionados por los arts. 145, 147, 151 y 154 del Código Penal (CP), el mismo que fungía el cargo de supervisor de ruta/cajero móvil de la ruta Yucumo para la oficina Regional Beni-Pando, cuya labor principal era el recojo de las recaudaciones de los diferentes retenes de cobro de peaje y su posterior depósito en la entidad bancaria.
Señala que, el 9 de octubre del referido año, el Fiscal de Materia de San Borja, emitió la Resolución de rechazo de denuncia, toda vez que, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación, hecho que motivó que el 6 de febrero de 2013, se presente objeción a la citada Resolución que omitió dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 40 inc. 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), al carecer de fundamentación adecuada, sin efectuar una valoración de los elementos de convicción acumulados en el cuaderno de investigación.
Sostiene que, la Fiscal departamental del Beni, mediante Resolución 157/2013 de 25 de abril, dispuso la devolución de antecedentes, por haber permitido el denunciante la ejecutoria formal de la Resolución de rechazo; sin embargo, no consideró la objeción presentada por Vías Bolivia, lo cual se constituye en un acto ilegal que suprime derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, toda vez que la citada Resolución, no se encuentra motivada ni fundamentada conforme a derecho.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- “improcedente”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- “(OBJETO)
- denunciar
- “La iniciación del procedimiento tiene un carácter antiformalista, como consecuencia de los principios de legalidad e investigación de oficio
- tomando en cuenta el carácter antiformalista de los actos de iniciación del proceso, y conforme el art. 285 del CPP, se entiende que la denuncia no requiere de ningún requisito especial y podrá presentarse en forma escrita o verbal
- poder disponer el rechazo de la denuncia,
- “(Procedimiento y efectos).
- determinará la revocatoria o ratificación del rechazo
- corresponderá a esa autoridad pronunciarse sobre la objeción de la resolución de rechazo efectuada por el recurrente, sea ratificando el rechazo de la denuncia realizado por el Fiscal de materia, ordenando el archivo de obrados o alternativamente disponiendo la revocatoria, ordenando la continuación del proceso”
- Resolver las objeciones de las resoluciones
- y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho
- III.3.3. Del derecho a la igualdad de las partes
- no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad
- III.4. Análisis del caso concreto
- la devolución de antecedentes por haber permitido el denunciante la ejecutoria formal de la Resolución fundamentada de rechazo de fecha 09/10/2012, debiendo proceder conforme a nuestro ordenamiento jurídico y las normas vigentes”
- no alcanzando su testimonio de Poder N° 0647/2012 al no ser el mismo un Poder Especial
- presentó su memorial de objeción a la Resolución de rechazo al día siguiente; es decir, dentro del plazo establecido en la primera parte del art. 305 del CPP
- lo que correspondía era pronunciarse sobre la objeción de la resolución de rechazo solicitada, luego de efectuar el análisis correspondiente, ratificando el rechazo de la denuncia realizada por el Fiscal de Materia y ordenando el archivo de obrados, o por el contrario, disponiendo la revocatoria y estableciendo en consecuencia, la continuación del proceso
- 2° CONCEDER en parte