SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2014
Fecha: 12-May-2014
“improcedente”
La Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 026/2013 de 31 de octubre, cursante de fs. 94 a 97, declaró “improcedente” la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Si bien, contra la Resolución emitida por la autoridad demandada, no existe recurso ulterior, se debe establecer que de conformidad al art. 27.9) del CPP, si la investigación no es reabierta en el término de un año, la acción penal se extingue, de acuerdo al art. 304 incs. 2), 3) y 4) del mismo adjetivo penal; ii) En la presente causa, el rechazo se basó en el inc. 3) del mencionado artículo, lo que correspondía era que el denunciante, luego de subsanar los motivos por los cuales se fundamentó el rechazo, acuda a la vía ordinaria para solicitar la reapertura de la investigación, conforme establece la normativa ya citada, toda vez que de acuerdo a los antecedentes de la presente acción, no se agotaron las vías ordinarias de defensa, para restablecer sus derechos reclamados como vulnerados; iii) Si bien existe excepción subsidiaria de la acción de amparo constitucional, cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, no basta con invocar su existencia, sino, la parte accionante debe demostrar de forma fehaciente que los actos denunciados como ilegales, causan un daño irreparable que no podrá ser subsanado por otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea al efecto, extremo que no sucedió en este caso; y, iv) La parte accionante no agotó el mecanismo intra procesal idóneo, solicitando la reapertura o continuación de la causa penal ante la justicia ordinaria que hoy alega ante el Tribunal de garantías, evidenciándose que tiene abierta la vía legal correspondiente en defensa de sus derechos, extremo que impide ingresar al análisis de fondo del caso, resultando improcedente la presente acción de amparo constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- “improcedente”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- “(OBJETO)
- denunciar
- “La iniciación del procedimiento tiene un carácter antiformalista, como consecuencia de los principios de legalidad e investigación de oficio
- tomando en cuenta el carácter antiformalista de los actos de iniciación del proceso, y conforme el art. 285 del CPP, se entiende que la denuncia no requiere de ningún requisito especial y podrá presentarse en forma escrita o verbal
- poder disponer el rechazo de la denuncia,
- “(Procedimiento y efectos).
- determinará la revocatoria o ratificación del rechazo
- corresponderá a esa autoridad pronunciarse sobre la objeción de la resolución de rechazo efectuada por el recurrente, sea ratificando el rechazo de la denuncia realizado por el Fiscal de materia, ordenando el archivo de obrados o alternativamente disponiendo la revocatoria, ordenando la continuación del proceso”
- Resolver las objeciones de las resoluciones
- y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho
- III.3.3. Del derecho a la igualdad de las partes
- no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad
- III.4. Análisis del caso concreto
- la devolución de antecedentes por haber permitido el denunciante la ejecutoria formal de la Resolución fundamentada de rechazo de fecha 09/10/2012, debiendo proceder conforme a nuestro ordenamiento jurídico y las normas vigentes”
- no alcanzando su testimonio de Poder N° 0647/2012 al no ser el mismo un Poder Especial
- presentó su memorial de objeción a la Resolución de rechazo al día siguiente; es decir, dentro del plazo establecido en la primera parte del art. 305 del CPP
- lo que correspondía era pronunciarse sobre la objeción de la resolución de rechazo solicitada, luego de efectuar el análisis correspondiente, ratificando el rechazo de la denuncia realizada por el Fiscal de Materia y ordenando el archivo de obrados, o por el contrario, disponiendo la revocatoria y estableciendo en consecuencia, la continuación del proceso
- 2° CONCEDER en parte