SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0982/2015-S3

         El derecho al debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, fue entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, refiriéndose a la SC 418/2000-R de 2 de mayo, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Por otro lado, entre los varios componentes del debido proceso, se encuentran los principios de pertinencia y congruencia de las resoluciones judiciales. Al respecto y sobre la pertinencia de las decisiones de alzada en la jurisdicción ordinaria penal, el art. 398 del CPP refiere “(COMPETENCIA). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Así, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, expresó que: “el Juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”; en consecuencia, los tribunales de alzada al pronunciar su decisión, deben observar la pertinencia entre el recurso de apelación, la resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista.

Sobre el principio de congruencia la SCP 1142/2012 de 6 de septiembre, manifestó que:“…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes´ (SC 0358/2010-R de 22 de junio)”.