SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1212/2015-S1
Fecha: 07-Dic-2015
denegó
La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 333/2015 de 10 de julio, cursante de fs. 682 a 687 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en la Sentencia Nacional Agroambiental S2a 051/2014, a partir del “Considerando VI” (sic), procedieron a desglosar los actos relevantes de la causa, precisando que los mismos fueron sustanciados en vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado; 2) En el “Considerando VII” (sic), se identificaron dos temáticas de consideración a saber: ”’…errónea interpretación del art. 399 parágrafo II de la C.P.E., al no considerar al predio «Santa Elena» como una sola unidad productiva; (…) la vulneración del art. 266 del DS 29215 e Informe Técnico Legal N° INF. DGS-SC 214/2012” (sic); resultando ser las temáticas identificadas en la demanda contenciosa administrativa por la parte accionante; 3) “Las autoridades demandadas, fundamentaron sobre el primer punto, luego de hacer la relación de los antecedentes (…) A continuación fundamentan sobre el derecho de propiedad vinculado a la FES y que su uso no sea perjudicial al interés colectivo” (sic); además refirieron que la posesión “como poder de hecho provisional que se ejerce sobre cosas y que se encuentra protegida con acciones reales, plasmando un análisis comparativo entre estos dos institutos” (sic); 4) Brindaron una solución fundamentada respecto de las denuncias formuladas en la demanda contenciosa administrativa, relacionada con el derecho a la posesión, sin que se advirtiera contradicciones o incongruencias entre sus argumentos; 5) De igual manera, explicaron en la resolución aludida, las razones por las que consideraron que existió desplazamiento y cómo debería entenderse la posesión sobre los predios; y, “…que no existía solución de continuidad en el predio sometido a saneamiento ‘Santa Elena’” (sic); explicando que la documentación presentada sobre los terrenos “Puesto Nuevo”, “Campo verde” y “Cinco Palmas”, acreditó que éstos se encuentran en lugares diferentes al predio fusionado; y, 6) En la demanda contenciosa administrativa, los accionantes no denunciaron expresamente la aplicación retroactiva de las normas constitucionales, como lo hizo en esta acción tutelar, tampoco cuestionó de manera precisa el contenido de la RS 08971; consiguientemente, no era exigible para las autoridades demandadas emitir pronunciamiento respecto a los hechos señalados.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III.1.
- La motivación de las resoluciones es un elemento componente del derecho-garantía-principio del debido proceso
- Fragmento 12
- A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal
- , impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo,
- por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien
- son inviolables
- III.5. Respecto al derecho a la tutela judicial y efectiva
- Este derecho fundamental, de acuerdo con la doctrina consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante,
- través de la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses en el curso del proceso
- 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso
- la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados'.
- Cabe resaltar que este derecho fundamental está debidamente reconocido por el art. 115.I de nuestra CPE, en el que textualmente sostiene que: Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
- el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia
- El Estado garantiza el derecho
- es un derecho que a la vez forma parte de las garantías jurisdiccionales; y que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como: '…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea
- el derecho a la defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo
- el derecho a la defensa es la ‘…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal…
- Respecto al primer punto relativo al desplazamiento de los predios “Puesto Nuevo”, “Campo verde”, y “Cinco Palmas”
- adquisición y conservación
- la posesión
- superficie en posesión
- hubiese adquirido
- Con relación al cuarto punto
- REVOCAR