SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1293/2015-S3

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la OMS señalaron, como “aspectos clave del derecho al agua”, los siguientes (OHCHR, UN–HABITAT y OMS, The Right to Water, Fact Sheet No. 35, 7–8): (i) El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades incluyen la protección contra desconexiones arbitrarias e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento; la no interferencia con el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente a las fuentes tradicionales de agua; y garantizar que la seguridad personal no se vea amenazada cuando se accede al agua y al saneamiento fuera del hogar. (ii) El derecho al agua contiene derechos. Estos derechos incluyen el acceso a una cantidad mínima de agua potable para sostener la vida y la salud; el acceso al agua potable y saneamiento en situación de detención; y la participación en la toma de decisiones en lo que se refiere al agua y el saneamiento, a nivel nacional y comunitario. (iii) El suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, que comprenden el agua para beber, lavar la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar.

De igual manera emerge en el contexto internacional el reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, derivados de los Tratados Internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1966, ratificado por el Estado boliviano el 12 de agosto de 1982, que aborda la exigencia jurídica internacional de los derechos de tercera generación conocidos también como “derechos de los pueblos o de solidaridad”, que al igual que los derechos humanos individuales se revisten de la esencia de inviolabilidad e indivisibilidad, perteneciendo a grupos de personas que tienen intereses colectivos comunes, requiriendo para su cumplimiento de prestaciones positivas o negativas.

Bajo esta misma esfera de protección y en la temática específica campesina dentro del corpus iuris internacional, se cuenta con el instrumento jurídico del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio 1989, y ratificado por el Estado boliviano el 11 de diciembre de 1991), misma que establece: