SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1344/2015-S2

La SCP en la SCP 0874/2013 de 20 de junio, se señaló: “Esta acción, constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa, sean en la vía judicial o administrativa a los efectos de que las lesiones denunciadas se reparen en la misma instancia donde se suscitaron los supuestos actos ilegales; y la segunda, en el sentido de que se debe buscar una tutela pronta y efectiva, en ese sentido, el art. 129.II de la CPE ha establecido el plazo de seis meses para activar la acción, que se computa a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida o de notificada la última decisión judicial o administrativa. Respecto al cómputo del plazo para el planteamiento de dicha acción tutelar, el anterior Tribunal Constitucional, en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, cuyo entendimiento fue asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0210/2012 de 24 de mayo, estableció:

“1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos.

2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda.

3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración”.

Cabe aclarar que el criterio asumido en las precedentemente citadas sub reglas 2 y 3, al presente quedaron superadas, en mérito a lo establecido por el art. 55.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que “Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que conceda o rechace”. No obstante, la sub regla 1, se mantiene vigente, en cuanto a la utilización de los medios o recurso idóneos, para el cómputo del plazo en la interposición de la acción de amparo constitucional.