SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1365/2015-S2

           El Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a las líneas jurisprudenciales sentadas, ha dejado plenamente establecido el hecho de que no puede analizar la interpretación de la legalidad efectuada por jueces y tribunales ordinarios, sino cuando se demuestre que esa labor interpretativa resultare escasamente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano Judicial, asimismo que precise los derechos o garantías constitucionales lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada.

           Consecuentemente y como regla, no corresponde a los jueces o Tribunales de garantías constitucionales la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, razonamiento expresado a través de la SCP 1237/2013-L de 10 de octubre, que señala: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional; no obstante, es indudable también que desde sus inciso el Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales,…”

           No obstante la misma jurisprudencia constitucional ha establecido sub reglas, que en esta línea deben observarse de acuerdo lo referido en la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, que señala lo siguiente: “’En consecuencia, excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser:

           3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’”.

           Consiguientemente, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional se fue desarrollando en términos evolutivos delimitando que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos establecidos para ello; es decir, que los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa- argumentativa desarrollada por la autoridad judicial, demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello suponga que la instancia constitucional asuma un rol casacional, o supletorio de la actividad de los jueces.