SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2015-S1

              La accionantes invocó como vulnerado su derecho al debido proceso; sobre el particular según la doctrina, este derecho consiste en la garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas; en las actuaciones judiciales o las actuaciones sancionadoras administrativas exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; así lo estipuló la                 SC 0361/2003-R de 25 de marzo.

              En cuanto a sus alcances, la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, reiterando la jurisprudencia contenida en otras resoluciones constitucionales, señaló que el debido proceso: "…ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales".

              En cuanto a la obligatoriedad de su respeto, sostuvo que: "…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales" (SCP 1648/2012 de 1 de octubre).

              En virtud a ello, el debido proceso vincula a todas las autoridades sean estas, judiciales o administrativas, de manera tal, que al momento de resolver un caso en concreto, deben obrar observando los derechos y garantías de carácter procesal contenidas tanto en la Constitución Política del Estado como en las normas legales.