SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0329/2015-S3

“…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios (…) menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial” (las negrillas son añadidas).

Respecto, a dejar sin efecto la notificación con la mencionada Resolución, la SC 0995/2004-R de 29 de junio, indicó que: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales (…) no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (citada por la SCP 0323/2013 de 18 de marzo). En observancia de dicha línea jurisprudencial era obligación de la accionante explicar cómo la diligencia practicada el 21 de enero de 2014, le causó indefensión material o cómo el error cometido le hubiese afectado directamente al ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales; por ende, al no haberse observado los presupuestos referidos, este Tribunal se encuentra imposibilitado de dejar sin efecto la notificación solicitada.