SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0749/2015-S2
Fecha: 08-Jul-2015
II.1.
II.1. El 22 de febrero de 2007, Bernardo Antonio Baldivia Strampfer, interpuso demanda laboral de pago de quinquenio contra la OACI, en su calidad de organismo de ejecución del proyecto “OACI/BOL/04/901-Seguridad Operacional y Navegación Aérea”, alegando que a partir de enero de 2001, suscribió numerosos contratos de trabajo con la Organización citada, siendo éstos consecutivos hasta el año 2006, prestando servicios en el cargo de Inspector de Operaciones (Cabina). Habiéndose mencionado “ilegalmente” en los contratos firmados, que supuestamente no era considerado funcionario de la OACI, por lo que, no existiría relación jurídica laboral, señalando que el vínculo contractual sería con la DGAC, institución que no suscribió ni participó en los documentos. En ese mérito, alegó que le correspondía un quinquenio que ascendía a la suma de $us3250.- (tres mil doscientos cincuenta dólares estadounidenses), cuya cancelación fue negada por la OACI, pese a haberse desempeñado en su puesto de trabajo por cinco años, seis meses y veinticuatro días (fs. 48 a 49 del anexo 1). A ese efecto, se citó y emplazó a Erick Vargas Campero, representante legal de la OACI (fs. 173 del anexo 1).
- acción de amparo constitucional
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- a)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- Fragmento 11
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- Fragmento 15
- III.1. Del recurso de casación en materia civil, aplicable al caso de exégesis, por disposición del art. 252 del CPT
- es decir, ante la impugnación de una determinada resolución judicial, el juez o tribunal de casación, debe limitar su accionar a verificar si la sentencia que se impugna contiene o padece los defectos denunciados en el recurso, ya que el agraviado, al recurrir, se vale de una vía judicial que ha sido concebida con el propósito de defender la correcta actuación de la ley; en este sentido, las sentencias pronunciadas por los tribunales de justicia, deberán estar fundadas en el texto expreso de la norma legal, y a falta de ésta, en los principio jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, debiendo además, estar cimentadas en los motivos, justificaciones, argumentos razonados, objetivos, serios y completos vinculados en todo a lo que necesariamente es conducente y decisivo para alcanzar medianamente el raciocinio jurídico
- la resolución a ser emitida por el juzgador, deberá circunscribirse a lo demandado por el recurrente de casación y a la prueba aportada por éste para la consecución de su propósito
- Fragmento 19
- III.2. De la fundamentación y congruencia de las decisiones, como elementos esenciales del debido proceso
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en
- III.3.
- tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento
- Fragmento 25
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR