SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1313/2016-S1

El art. 115.II de la CPE establece que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 8.1 dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, de la misma manera el art. 25.1 dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

En este entendido, en el marco del Estado Unitario de Derecho Plurinacional Comunitario, que tiene como fin garantizar la justicia social, en condiciones de igualdad, como el de efectivizar los principios, derechos y garantías, el acceso a la justicia se encuentran protegidos por la Norma Suprema; es decir que, se debe garantizar a todas las personas que habitan Bolivia, el derecho de acudir ante los órganos administrativos y judiciales, a fin de que se resuelvan sus conflictos, en el ámbito del debido proceso, es decir, de manera oportuna, dentro de los plazos procesales para que se emitan las resoluciones de las autoridades que la conocen con celeridad, quienes además deberán ser competentes e imparciales, debiendo facilitarles todos los recursos existentes a objeto de acceder a una administración judicial material.

En este contexto, la jurisprudencia constitucional sobre el acceso a la justicia en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señaló que: “Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal…”, asimismo la SCP 0694/2016 - S1 de 23 de junio manifestó que: “…nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico”.