SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2016-S2

El 30 de junio de 2014, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, habría dejado en la secretaría de su despacho la Resolución Administrativa 0285/2014 de 27 de junio, desconociendo el derecho y garantía del debido proceso de la Fuerza Aérea Boliviana dejándola en estado de indefensión; puesto que, de acuerdo a los    arts. 243 al 250 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 16, 58, 65 y 67 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), el personero legal de la Fuerza Aérea Boliviana es su Comandante General, cargo que al presente desempeña su persona; en tal sentido, jamás fue notificado de forma personal o mediante cédula con ninguna orden de verificación o fiscalización, peor con alguna vista de cargo, como tampoco lo fue su predecesor, lo que provocó que no puedan presentar pruebas, alegatos y descargos para demostrar que la pretensión de la Administración Tributaria no correspondía; puesto que, al ser una institución fundamental del Estado se encuentra exenta por ley del pago de tributos, fiscales, aduaneros y municipales, según lo establecido por el art. 131 de la LOFA.

De acuerdo a lo dispuesto por los arts. 22, 23, 24, 83.II, 84 y 85 del Código Tributario Boliviano (CTB), el SIN al efectuar los actos de fiscalización contra la Fuerza Aérea Boliviana, debió haber notificado cualquier actuación a su Comandante General, situación que como se dijo no aconteció en ningún momento; ahora bien, la Fuerza Aérea Boliviana recién tuvo conocimiento de la existencia de un proceso tributario cuando se congelaron o retuvieron los fondos de las cuentas de la institución en la suma de Bs1 034 573,96 .- (un millón treinta y cuatro mil quinientos setenta y tres 96/100 bolivianos), contra dicha actuación, solicitaron mediante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que el Banco Unión S.A. informe y certifique sobre dicha retención, enterándose que el SIN, mediante la nota CITE: SIN/DGLPZ-I/DJCC/UCC/NOT/2982/2015 de 14 de julio, firmada por el ahora demandado, solicitó al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, retenga los fondos del Ministerio de Defensa-Transporte Aéreo Militar(TAM) -institución que depende de la Fuerza Aérea Boliviana-, en la suma señalada anteriormente.

Se debe mencionar que los daños y perjuicios ocasionados a la Fuerza Aérea Boliviana y su dependiente TAM, son irreparables; puesto que, el dinero ilegalmente retenido, es usado para las operaciones de la empresa mencionada que realiza un servicio público, provocando que se retrasen, reprogramen y suspendan vuelos; asimismo, las cuentas que fueron retenidas o congeladas, fueron ordenadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, institución que no tiene facultades para instruir a las entidades financieras la retención de fondos de supuestos deudores, sino que la entidad facultada para ello es la ASFI, según establece la Resolución ASFI 416/2014 de 13 de junio, de Modificaciones al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema de Notificación y Suspensión de Retenciones de Fondos.