SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0460/2016-S2

No obstante, si bien es cierto que el precepto constitucional de referencia, alude al principio de impugnación como elemento orientador de los procesos judiciales, es importante recalcar que dicha previsión constitucional debe ser comprendida a la luz de los instrumentos normativos de orden internacional; por lo que en definitiva, el Constituyente boliviano, al reconocer y garantizar la vigencia del principio de impugnación, quiso referirse al derecho de impugnación o al derecho a la doble instancia; asimismo, cabe recalcar que el derecho objeto de análisis no está reservado exclusivamente para los procesos judiciales, sino que en virtud al carácter expansivo y garantista de los derechos fundamentales, también irradia a todo proceso sancionador, sea de carácter judicial o administrativo.

Con relación al derecho de impugnación, la SCP 1267/2012 de 19 de septiembre, precisó lo siguiente: “…se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto prevé: 'Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley'. En esa misma línea de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescribe: 'derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior'. En efecto, las apelaciones en general y particularmente la apelación incidental, debe entenderse como un elemento integrador del debido proceso, en su dimensión del derecho a recurrir el fallo judicial o, la impugnación a las resoluciones judiciales.

En el fondo, su esencia y naturaleza radica en el hecho de revisar la determinación judicial por ser vulneratoria de los derechos que les asisten a las partes en contienda y, sólo así es posible garantizar una justicia imparcial; por cuanto, las decisiones del inferior estarán controladas por un tribunal superior, garantizando así la protección efectiva de los derechos de los justiciables, no otra cosa significa acudir a una autoridad con la esperanza de que se reparará las lesiones sufridas en una instancia inferior”.

Como se tiene señalado precedentemente, el derecho de impugnación no resulta ser una exclusividad de los procesos judiciales, sino que, también es aplicable a los procesos de carácter administrativo. En este sentido, en materia tributaria, el recurso de alzada, constituye un mecanismo específico de impugnación que en esencia garantiza el ejercicio del referido derecho; así, el art. 131 del CTB, prevé lo siguiente: “Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título”. Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, declaró lo siguiente: “De la revisión del art. 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), se puede identificar que las previsiones contenidas en dicho cuerpo legal, son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental y universitario; lo que significa que, las decisiones asumidas por el SIN, mediante resoluciones determinativas, se encuentran sujetas al régimen del Código Tributario Boliviano, al que debemos remitirnos para identificar los medios de impugnación establecidos en el mismo, así como las condiciones para su presentación.

En ese contexto, el art. 131 de la citada normativa dispone que: 'Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes…'; de lo que antes de denominaba Superintendencia Tributaria, instancia que actualmente, por imperio del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, quedó instituida como Autoridad de Impugnación Tributaria.

Recurso que deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Previsión complementada por el art. 4 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, la cual establece que el recurso de alzada será admisible también contra: