SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0662/2016-S3

           Las medidas de hecho, a partir de su naturaleza contraria al concepto mínimamente aceptable de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico, abre la competencia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina, que en condición de jueces naturales deben adoptar las medidas jurisdiccionales en procura del resguardo de los derechos fundamentales, este aspecto fue puesto de manifiesto en la SCP 1013/2014 de 6 de junio que estableció que: “…en casos de avasallamientos, el juez competente para conocer lo principal también lo es para conocer lo accesorio, pues otro entendimiento implicaría que si no se pudieran probar los supuestos de la SC 1513/2005-R, no habría recurso en el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos, lo que implicaría sin lugar a duda la denegación de justicia, aspecto que nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico en general no admite al prever procesos, en este caso penales suficientes para resolver todas las problemáticas que en su desarrollo se presenten” (las negrillas nos corresponden).