SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2018-S1

Asimismo, de lo descrito precedentemente y conforme se evidencia de la Conclusión II.7. desarrollado en este fallo, este Tribunal advierte que el apelante -hoy accionantes-, expresaron tres agravios, sobre los cuales el Tribunal de Apelación, identificó de manera parcial los mismos, el primero referido a la errónea interpretación y aplicación de la ley realizada por la Jueza a quo, quien consideró que la notificación practicada al Fiscal Departamental en su despacho no fue efectiva porque no se hizo de manera personal con la conminatoria, computando el plazo de los cinco días para la presentación del requerimiento conclusivo a partir del Instructivo RART 554/2017 de 14 de septiembre, emitido por éste, instruyendo al Fiscal de Materia presentar dicho requerimiento; por lo que, al presentar éste la acusación el 21 de septiembre del mismo año, se encontraría dentro el plazo previsto por el art. 134 del CPP; lo cual se constituye en grave error, ya que los fiscales fueron legalmente notificados en sus oficinas conforme el art. 162 del citado Código, que es incorrectamente interpretado; ya que no se puede manifestar que el Fiscal de Materia no fue notificado o que no conocía la conminatoria hasta que le fue comunicado por su superior en grado, cuando éste ya conocía la misma mucho antes de ser notificado al Fiscal Departamental; al respecto la ley es clara y taxativa y al haber presentado el Fiscal de Materia su acusación a los seis días, se salió del margen de la Ley deslegitimizándose ya que al haber sido notificado el 13 del citado mes y año el plazo se computaba los días hábiles desde el 14, 15, 18, 19 y 20 de septiembre de igual año, feneciendo el día 20 a la media noche, pero el fiscal presentó acusación el 21 de ese mes y año a horas 11:25, fuera de plazo legal; al respecto el Tribunal de alzada señaló que el art. 134 del señalado Código establece el plazo máximo de seis meses para la finalización de la etapa preparatoria, computables desde la notificación con la imputación formal al imputado, si vencido el plazo el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal Departamental, para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurrido dicho plazo sin que se presente dicho requerimiento, el juez declarará extinguida la acción penal; en tal sentido la SC 0764/2002-R de 1 de julio, estableció que la extinción no opera de hecho solo por el transcurso de los seis meses sin que la autoridad fiscal haya presentado la solicitud conclusiva, sino de derecho porque vencido el plazo la parte deberá solicitar al juez conmine a la autoridad departamental, en consecuencia la extinción de un proceso penal por cumplimiento del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria, se da cuando el Ministerio Público no cumpla con la conminatoria en el plazo de cinco días desde la notificación a la autoridad jerárquica, debiendo computarse dicho plazo desde la notificación efectiva con la conminatoria, caso contrario el Fiscal de Materia asignado no tendría conocimiento de la misma y no es razonable que el plazo solo corra para una de las partes sin que hubiera sido notificada; si bien es cierto que las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público deben tomar en cuenta el principio de celeridad; sin embargo, resulta trascendental la efectividad de las notificaciones, cuyo objetivo es una comunicación eficaz para hacer conocer la finalidad de la misma; por lo que la alegación del apelante, de que el Fiscal de Materia no cumplió oportunamente con la conminatoria no es evidente; así también las Sentencias Constitucionales invocadas por el recurrente no tienen supuestos fácticos ni jurídicos similares para aplicarlas de forma obligatoria; asimismo, no es permisible limitarse únicamente al cómputo aritmético, sino que debe realizarse una ponderación de otros factores, como la conducta de las partes y de las autoridades en el proceso penal, la conducta delictiva, las circunstancias y la naturaleza del hecho atribuido al imputado, por lo que la jueza inferior no solo basó su decisión de rechazar la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria, “en el cumplimiento del plazo con la conminatoria a que se refiere el art. 134 del CPP y que efectivamente se ejecutó conforme a la SC 1604/2011-R de 11 de octubre de 2011, que en autos se cumplió con la citación al Fiscal Departamental en 13 de septiembre de 2017 significando que desde esa fecha no puede ser computada efectivamente la notificación personal al Fiscal de Materia” (sic), el plazo debe computarse desde que el Fiscal Departamental instruye al Fiscal de Materia para que presente su requerimiento conclusivo; es decir desde el 14 de igual mes y año, conforme consta en el instructivo; argumentos utilizados por los Vocales demandados con los que respondieron este agravio.