SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2018-S2

Bajo ese contexto, se tiene que la presente acción tutelar radica en la consideración dada por los Magistrados demandados al Auto de 13 de marzo de 2017, que resolvió rechazar el recurso de reposición formulado contra el Auto Interlocutorio Definitivo S2^a 11/2017, al considerar que el rechazo de la demanda contencioso administrativa fue correcto; sin embargo, es necesario hacer notar que en el indicado fallo (Auto Interlocutorio Definitivo S2^a 11/2017), de manera expresa se determinó: “…la demanda contencioso administrativa fue interpuesta fuera del plazo perentorio de 30 días previsto en el art. 68 de la L. N° 1715, habiendo fenecido el mismo, el                 28 de enero de 2017” (sic); es decir, que la propia Resolución estableció como plazo de vencimiento el 28 de enero de igual año, fecha que en el calendario cae en un día sábado, día inhábil a saber; en cambio el Auto de 13 de marzo de 2017, que se cuestiona a través de la presente acción de defensa, no sólo contradice lo referido en el Auto Interlocución Definitivo S2^a 11/2017, sino que establece una nueva fecha de vencimiento, cuando expresa: “Al respecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2^a No. 11/2017 de  6 de febrero de 2017, RECHAZÓ correctamente la demanda contenciosa administrativa, por cuanto la misma debió ser presentada como último día, el 27 de enero de 2017…” (sic), apartándose así de lo señalado por la normativa en vigencia, que sostiene que si un plazo venciera en un día inhábil se recorrerá al día siguiente hábil, mencionado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo.

Consiguientemente, de lo referido se infiere la conculcación del derecho al debido proceso de la parte accionante, pues los Magistrados demandados no realizaron un discernimiento adecuado del fallo que emitieron rechazando el recurso de reposición planteado por el impetrante de tutela ni de sus efectos posteriores; tampoco observaron los presupuestos procesales en su real dimensión, relativos al cómputo adecuado del plazo de los treinta días perentorios, con que cuentan los administrados sometidos a un proceso de saneamiento de sus tierras, para impugnar en la vía contencioso administrativa, ante el Tribunal Agroambiental las resoluciones emergentes de dicho proceso de saneamiento, cuando éstas vulneran sus derechos fundamentales, generando un desarrollo inadecuado del procedimiento que devino además, en la inobservancia de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional para este derecho; constatándose también la infracción del derecho a la defensa del accionante, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, pues los demandados restringieron la facultad de impugnar y principalmente de obtener una resolución acorde con sus cuestionamientos, vinculados éste a los demás derechos invocados por el solicitante de tutela.

En conclusión, lo expuesto amerita la concesión de la tutela solicitada por el accionante, al evidenciarse la presencia de actos que quebrantan sus derechos al debido proceso y a la defensa o derecho a la impugnación, y por ende a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, por cuanto de consolidarse dicha vulneración, no sólo que los administrados se hubieran visto impedidos de que las instancias pertinentes revisen y corrijan los actos de la administración pública, si fuera el caso, sino también de que el conflicto sea resuelto en el fondo.