SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0209/2018-S2

Ahora bien, con relación al principio de inmediatez, el art. 129.II de la CPE, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (negritas añadidas), en relación a la citada norma constitucional, el art. 55.I del CPCo, indica que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negritas nos pertenecen). Normativa jurídica de la cual se instituye que el agraviado deberá formular su acción de defensa y solicitar la tutela de sus derechos de forma inmediata o dentro del plazo de seis meses, habida cuenta que: “’…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’” (SC 1157/2003-R de 15 de agosto, reiterada por la SC 0521/2010-R de 5 de julio). Posteriormente, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció: “…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (negritas y subrayado adicionados).