SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0948/2019-S2

         Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice partiendo de una ‘interpretación al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios de la ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)’ (Cfr. Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, han sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español)” (las negrillas añadidas).

           Posteriormente, las SSCC 0718/2005-R y 0085/2006-R de 25 de enero, entre otras; determinaron como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, que la parte accionante cumpla cierta carga argumentativa y exprese de forma adecuada sus agravios y en ese orden: “1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. Complementando dicho entendimiento la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó un tercer elemento que debe contener la impugnación de la labor interpretativa de las autoridades ordinarias:     “3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”.

         En ese orden la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, establece que la revisión de la actividad interpretativa de otras jurisdicciones por parte de la jurisdicción constitucional abarca la adecuada valoración de la prueba y del derecho: “…La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución…”.

         En ese marco jurisprudencial, la jurisprudencia señalada infra, mantuvo el entendimiento que disponía que la justicia constitucional de manera excepcional podía entrar a valorar la actividad interpretativa desarrollada por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, estableció ciertos elementos a precisar: