SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1063/2019-S2

Los medios probatorios descritos no fueron valorados ni por el Juez de primera instancia, ni por el Tribunal de alzada, por lo que los fallos dictados afecta sus derechos: 1) A la defensa, por no reconocerle la ganancialidad del bien inmueble, contrariando el principio de verdad material, por cuanto dieron credibilidad solo a la cláusula adicional del documento presentado por su ex esposa, sin exigirle otros medios probatorios y no consideraron las pruebas que él presentó; 2) Al debido proceso, porque ambos fallos carecen de fundamentación y motivación, pues no señalan las pruebas en virtud de las cuales no valoran las documentales presentadas de su parte, menos citan ni fundamentan la norma aplicada en sus resoluciones y reconocen la cláusula adicional no obstante que denunció su falsedad, tampoco tomaron en cuenta el art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, llegando al extremo el tribunal ad quem, de no advertir que ese documento se refiere únicamente a la transferencia del lote de terreno, pero no  a las mejoras; y, 3) A la igualdad de las partes procesales y a la tutela judicial efectiva porque le desconocieron el derecho que le corresponde de gozar del bien ganancial, privándole de su derecho a la propiedad privada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizaran los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones; 2) La valoración de la prueba en sede constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

1)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.