AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2019-O

         En ese entendido, la entidad demandada, manifestó en su contestación que el referido software -proporcionado por el SNII- no era apto y eficiente para la prestación del servicio, por consiguiente las multas impuestas a la entidad crediticia por determinados incumplimientos de plazos, no tendrían su origen en la responsabilidad de la entidad bancaria, sino en el mal funcionamiento del referido software, que no permitió desarrollar las operaciones con normalidad: Sobre este punto en concreto, se hace mención a la copia legalizada del CITE 502/99, de “26 de octubre de 1999” presentada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) en el que se advierte que se habría presentado varios problemas en el funcionamiento del sistema informático o software -que fue proporcionado por el SNII- en las diferentes sucursales y casa matriz, asumiéndose que dentro de este reclamo está incluido el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; así también, las partes hacen referencia al Cite:            DG 218/99 de 9 de noviembre, por el que SIN, da respuesta al reclamo que presentó ASOBAN a través del CITE 502/99 y en lo que hace a los problemas en el sistema informático indica: “que aparentemente los referidos errores en el sistema informático se habrían corregido”, sin embargo, la misma nota, contiene una contradicción, en el quinto punto cuando indica: “Más demoras en la acreditación serán consideradas a través de los procedimientos de descargo siempre y cuando el dinero haya sido transferido a la cuenta de recaudaciones tributarias que tiene cada entidad  financiera en el Banco Central de Bolivia”. Esta contradicción radica; 1. Por un lado el SIN admite que el sistema informático sí tuvo problemas de funcionamiento, por ello procedió a solucionarlos; 2. Pese a ello, el SIN abre la posibilidad que existan demoras en la acreditación o remisión de determinada información y ante estas posibles demoras, de manera taxativa comunica que si se permitirá la presentación de descargos, siempre y cuando, la entidad financiera haya transferido los dineros respectivos a las cuentas que tienen en el Banco Central de Bolivia; y, v) Lo que no se ha demostrado a través de este proceso contencioso de derecho, es: a) Que el término “resuelto”, contenido en el inciso c) de la cláusula Vigésima Segunda del contrato de Adhesión de Prestación de Servicio C.ASES 84/99, hace referencia al instituto civil de “resolución”, prevista en los arts. 568 y ss. del CC, y que Messineo lo define en los siguientes términos: “La resolución del contrato presupone un negocio perfecto y además un evento sobrevenido a un hecho nuevo o un comportamiento de la contraparte, posterior a la  formación del contrato que altera la relación, entre las partes o perturba el normal desarrollo del contrato en ejecución”, vale decir que el alcance del término “resuelto”, utilizado en el inc. c) de la cláusula Vigésima Segunda del contrato de adhesión de prestación de servicios, hace referencia a la conclusión del cumplimiento del contrato por cumplimiento de plazo, lo que ha ocurrido en el caso de autos. b) En cuanto hace a la pretensión accesoria del actor, en referencia al pago de daños y perjuicios, asumir que las multas determinadas en contra de la entidad contratada, a través de la metodología prevista en los arts. 30 al 36 de la RM 783, tienen su origen en el incumplimiento de determinados plazos, referentes al servicio prestado por el Banco Mercantil S.A. a favor del SIN, consiguientemente la naturaleza jurídica de éstas multas es precisamente la de resarcir determinados daños y perjuicios, mismos que fueron debidamente comunicados a la entidad contratada el 9 de noviembre de 2007 y de manera expresa a través de carta notariada el SIN exige el pago de dichos montos pecuniarios al contratado el 2 de diciembre de 2010 y luego de más de once meses, interpone en la vía judicial, la presente acción contenciosa. Partiendo de este criterio jurídico y observando que el        art. 117.II de la CPE, en sentido que no condice con el principio del “Non Bis In Ídem”, derecho y a la vez garantía del debido proceso, el condenar dos veces por el mismo hecho a una determinada persona, sea ésta de manera indistinta, individual o colectiva, este tribunal asume que no es coherente pretender calificar daños y perjuicios en el presente caso, debido a: 1) Que el monto de dinero que pide la parte actora a la entidad contratada, es emergente de varias multas, mismas que no tienen sino una naturaleza reparadora de daños y perjuicios que habría provocado la entidad contratada al Estado, con el incumplimiento de determinados plazos en cuanto al servicio para el que fue contratada; 2) Dar viabilidad a esta pretensión accesoria, implicaría sancionar doblemente al contratado, por un mismo hecho. De lo vertido, no corresponde viabilizar lo pretendido por la parte actora (fs. 610 a 647).