AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2019-O

Ante el eventual surgimiento de controversias entre sujetos que alegan tener el mismo derecho sobre el mismo bien material o inmaterial, suele acudirse a una autoridad judicial competente a efectos de sea ella quien dilucide el conflicto; en este sentido, las partes harán conocer al juzgador cada una de sus pretensiones y presentarán los elementos de prueba que consideren pertinentes a fin de acreditar la veracidad de lo pretendido.

Una vez asumido el conocimiento por el Juez o Tribunal y previa sustanciación de las actuaciones procesales legalmente establecidas, habrá de procederse a resolver el problema, lo que implica necesariamente que, la autoridad a cargo del juzgamiento deberá emitir una decisión en base a lo probado por las partes; decisión que debe ser motivada y explicar las razones que lo llevaron a resolver de una u otra forma.

Ahora bien, las razones que expone el juzgador al motivar sus resoluciones, constituyen la ratio decidendi, frase que traducida del latín significa “razón para decidir” o “razón suficiente”; de ahí que los fundamentos en los que se base el Juez o Tribunal, expresados en la parte considerativa de la resolución, se constituyan en el sustento de la decisión respecto al asunto sometido a su conocimiento; es decir, la ratio decidendi, es la razón suficiente para decidir y por ende constituye la motivación principal de la resolución.

Precisamente en mérito a la importancia que reviste la razón de decidir en la resolución de la causa, la ratio decidendi se configura e invoca como fuente de derecho en casos similares posteriores, constituyendo jurisprudencia; en tal sentido, para que la decisión asumida sobre el conflicto jurídico presentado al juzgador, se instituya en precedente, es preciso que quien juzgue el asunto y defina la controversia, lo haga a través de una motivación suficiente y en exposición clara y concreta de las razones de su decisión, con lo que acreditará la aplicación racional del ordenamiento jurídico inherente al caso concreto; lo que nos lleva a afirmar, que la fundamentación de un fallo, se dará por cumplida cuando el juez o tribunal, justifique sus decisiones mediante la aplicación racional de las normas que conforman el ordenamiento jurídico; asimismo, cuando la justificación de su decisión no lesione derechos ni garantías fundamentales y cuando establezca el nexo de causalidad entre los hechos y el derecho.

En este punto es preciso recordar que en materia constitucional, el precedente, por su calidad de cosa juzgada, posee efectos vinculantes y obligatorios, conforme prevé el art. 203 de la CPE, que señala: “Las decisiones y sentencias el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio…”; precepto normativo que determina que la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales plurinacionales, generan consecuencias que se extienden más allá de la simple cosa juzgada formal, habida cuenta que sus efectos y por ende su observancia, no solamente obligan a las partes del proceso a su cumplimiento, sino que además, se expanden a los Órganos del Estado en casos similares; esto, debido a que lo dispuesto en el fallo constitucional, así como sus fundamentos y razones o ratio decidendi, derivan de la labor interpretativa efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de sus atribuciones, conforme determina el art. 196 de la Norma Suprema.

Cabe recordar que una sentencia constitucional plurinacional, así como toda resolución –judicial o administrativa–, no se reduce a la parte dispositiva, sino que la parte trascendental de lo decidido, se halla contenido precisamente en las interpretaciones que el juzgador efectúe en la justificación del fallo –ratio decidendi–, en la que el encargado de administrar justicia, expresa su razonamiento mediante las denominadas obiter dicta o razones subsidiarias que, si bien se configuran como decisivas para la resolución del caso concreto, no son determinantes al momento de decidir.

En mérito a dichas consideraciones, queda claro que las decisiones emitidas por el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, son vinculantes no solamente respecto al decisum o parte resolutiva del fallo, sino también respecto a los argumentos expuestos que constituyen la fundamentación o ratio decidendi, por cuanto ésta, se instituye finalmente en la materialización o concreción de la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, en vista de su estrecha vinculación con la parte resolutiva, adquiere fuerza vinculante para jueces y tribunales ordinarios, quienes, bajo ningún justificativo, no pueden abstraerse de su cumplimiento, pues, de así hacerlo, no solamente desconocerían el principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución Política del Estado, sino también el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que indudablemente habrá de originar la subversión de la Ley Fundamental al arbitrio del juzgador, que de ninguna manera puede aludir la independencia decisoria a objeto de apartarse de lo decidido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto, aún con la autonomía que la propia Constitución le reconocer al Órgano Judicial, éste se halla subordinado al imperio de la Norma Suprema, al igual que los demás órganos del Estado que se encuentran sometidos a ella y no a la inversa.

Por todo lo expuesto, podemos concluir señalando que el precedente de una decisión asumida en un caso concreto, vincula obligatoriamente no  solo a la autoridad que la emitió, sino también a Jueces y Tribunales de toda jerarquía, los que deberán seguir los mismos razonamientos y asumir igual decisión en futuros casos con elementos fácticos similares; toda vez que, conforme se ha establecido, la parte vinculante y obligatoria de un fallo constitucional, no solo es la decisión en sí o la parte resolutiva o decisum, sino también las razones –ratio decidendi– que sirvieron de base para asumir la decisión; dicho de otra forma, es tan relevante y por ende trascendental de una decisión o sentencia constitucional, el criterio interpretativo que sustenta la decisión así como la determinación que resuelve el caso concreto.