SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0219/2019-S4

La accionante denuncia que la autoridad demandada vulneró sus derechos al debido proceso, a la vida, al hábitat y vivienda; de acceso a los servicios básicos (agua potable, electricidad y comunicación), a la alimentación y, a la salud, al trabajo, a la privacidad, a la intimidad, al honor, a la propiedad privada y a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud como el desarrollo integral, al considerar que dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público en contra de su fallecido esposo, por la presunta comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez contralor de derechos y garantías constitucionales dispuso la detención preventiva del imputado y ordenó la incautación del bien inmueble que es de su propiedad; posteriormente, ante el fallecimiento de su cónyuge, interpuso incidente de devolución del bien incautado, mismo que no fue resuelto; sin embargo, el Representante Distrital de la DIRCABI-Pando, no obstante de estar pendiente la apelación que definirá el destino del bien inmueble incautado, realizó notificaciones y procuró desalojar del bien inmueble de su propiedad, sin considerar que en el mismo habitan sus siete hijos menores de edad.