SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0400/2019-S2

Además de la informalidad, de lo dispuesto por el art. 126 de la CPE se pueden advertir otras características propias, como son la sumariedad y la agilidad en el procedimiento; en razón a que la Ley Fundamental exige que la autoridad judicial inmediatamente de presentada la acción de defensa señale audiencia pública para su consideración que deberá celebrarse dentro del término de veinticuatro horas de interpuesta; la citación de la autoridad o persona denunciada mediante  cédula permite que se efectivicé dicha característica que reviste agilidad, prontitud y celeridad en su tramitación. Reafirma lo señalado, la imposibilidad de suspender la audiencia, la obligación que tiene la autoridad que conoce el trámite de dictar sentencia una vez concluida la misma y la orden de ejecución del fallo de forma inmediata.

Finalmente la Ley fundamental, en su art. 127 dispone que: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentados contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este articulo quedará  sujeta a sanción,  de acuerdo con la Constitución y la Ley”.

De este modo, la Constitución establece responsabilidad penal para quienes resistan o no cumplan las decisiones asumidas por la autoridad jurisdiccional competente dentro de la tramitación de una acción de libertad; así como sanciones a las autoridades judiciales que no cumplan el procedimiento y los plazos establecidos en su tramitación.