SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0755/2019-S2

El trámite y efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia constitucional que al respecto indica: ‘…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto’”           (SC 0797/2006-R de 15 de agosto [las negrillas son nuestras]).

En este marco, este beneficio, debe hacerse efectivo únicamente a partir de la constatación del cumplimiento de los dos requisitos previstos por el art. 366 del CPP; es decir, que no exista una pena privativa de libertad superior a tres años y que el solicitante no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso; cualquier otro tipo de exigencia de parte de la autoridad jurisdiccional que toma conocimiento de solicitudes de esta naturaleza, además de las ya señaladas, restringe el derecho a la libertad y tornando la decisión judicial que rechaza el beneficio de suspensión condicional de la pena, en una decisión desmotivada vulneradora de la garantía de un debido proceso.