SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0827/2019

Jorge Morales Encinas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, mediante sus representantes legales, en audiencia manifestó lo siguiente: 1) Es evidente que la citada Resolución Fiscal de rechazo fue notificada a Rolando Omar Romero Álvarez, quien no presentó ningún tipo de objeción, por otro lado, respecto a la notificación realizada a los Concejales, que en su oportunidad tampoco presentaron ningún tipo de objeción, ellos también eran denunciados dentro del mismo proceso; entonces no había cómo formulen la objeción al rechazo, toda vez que se beneficiaban con la misma;   2) Existía una adhesión presentada por otros Concejales, entre los que se encontraban, Marcos Velásquez Sánchez y Asunta Melgar de Gutiérrez, quienes en ningún momento fueron notificados con la Resolución de rechazo; 3) El Concejo Municipal fue notificado el 26 de marzo de 2019 y realizó la correspondiente objeción al sexto día, porque de por medio estaba el viernes santo que no es un día hábil, por tal motivo la impugnación fue admitida por el Ministerio Público; y, 4) Asimismo, no corresponde que el Tribunal de garantías realice un análisis sobre lo manifestado en la acción tutelar; toda vez que, en el caso existe un juez de control jurisdiccional, ante quien el accionante debe  hacer su reclamo. De la misma forma se evidencia que el Fiscal Departamental actuó conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Sobre la garantía del debido proceso en sus elementos del derecho a la fundamentación y motivación de las Resoluciones judiciales y administrativas, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableció el siguiente entendimiento: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.