SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0914/2019-S1

Respecto a Sadid Ávila Vega, Comandante y Jaime Adriázola Crespo, Asesor Jurídico, ambos del Comando Regional de la Policía de Sacaba del departamento de Cochabamba, el accionante denuncia que tenían conocimiento de la orden judicial que dispuso su detención domiciliaria con custodio policial al haber realizado la verificación policial domiciliaria, sacando incluso copias del expediente, extrañándose que emitan un informe solicitando cumpla la medida cautelar en un centro penitenciario, con lo que quebraron los principios de objetividad y parcialidad; estos reclamos planteados en la presente demanda tutelar, deben ser de previo conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, quienes ejercen el control jurisdiccional del proceso penal, pudiendo restablecer los derechos presuntamente vulnerados a través de los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, y una vez agotados éstos, recién es posible activar la justicia constitucional, conforme entiende la jurisprudencia contenida en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, que refiere: “…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión  de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria  aludidos…”; consiguientemente, atendiendo el entendimiento jurisprudencial que antecede, corresponde al impetrante de tutela previamente acudir con su reclamo respecto a los codemandados, ante la autoridad de control jurisdiccional que recae en el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, quien conforme sus atribuciones y competencias reparará o restituirá si corresponde sus derechos y/o garantías constitucionales, pudiendo activar esta instancia una vez agotados los mecanismos intraprocesales previstos en el ordenamiento jurídico.