SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2020-S4

En tal sentido, en primer lugar, debemos verificar cuáles fueron los puntos denunciados en apelación por la solicitante de tutela, conforme consta en el acta de audiencia de consideración de apelación incidental (Conclusión II.5): i) Se tuvo por acreditado el presupuesto familia; sin embargo, respecto a la actividad lícita, el Juez de la causa no consideró que en su declaración inicial, indicó claramente que evidentemente se dedica a labores de casa y es vendedora ambulante, acompañando la SC 1142/2015-S1 de 6 de noviembre, en el sentido de constituirse la actividad de labores de casa en económica, que reporta un beneficio a la familia y a la sociedad, sin que se necesite demostrar dicho extremo con un elemento fehaciente; ii) En relación con el elemento domicilio, presentó un contrato de alquiler de 17 de mayo de 2019, que en su cláusula segunda, parte in fine, se aclaró que ella vivía en la casa descrita desde el 3 de diciembre de 2018; su esposo fue detenido el 17 de abril del mismo año; también presentó una certificación de la OTB, legalmente obtenida, de 20 de mayo de 2019, a través del cual se certificó que evidentemente “vive con su marido” “vivía en diciembre”, constituyéndose en documentación verídica, dicha documental fue obtenida como emergencia de la detención de su esposo; iii) El riesgo procesal previsto en el art. 235.2 de la norma adjetiva penal, debió haber sido establecido en forma objetiva y no genérica, conforme a la SCP 0276/2018 de 25 de julio; iv) Con relación al art. 232 del CPP, no se consideró que se encuentra con un embarazo de cinco meses y dos semana; encontrándose detenida preventivamente, duerme en el piso frío; presentó un certificado médico forense, una ecografía ginecológica, que no fueron valoradas por el Juez, por cuanto ordeno su detención preventiva.