SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0340/2020-S1

El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, señalando: 1) Se vulneró su derecho a la petición debido a que presentó dos memoriales por silencio administrativo el 28 de marzo de 2019 con cargo de presentación de 29 de similar mes y año; y, el “recurso de revocatoria" de 13 de mayo de igual año; el primero de ellos recibió respuesta el 6 de mayo del citado año y el recurso de revocatoria el 13 de junio de 2019; 2) No se cumplió con el art. 56.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de devolver la mercadería artesanal prestada para la Feria Internacional de Paraguay; por lo que, se presentaron a ese efecto, numerosas cartas; sin embargo, le respondieron que se habría perdido toda la documentación, y de esa manera reclamó la vulneración de su derecho de petición, y ante el silencio administrativo, peticionó que se responda mediante una resolución administrativa; y, 3) Existen varias sentencias constitucionales que sustentan el derecho a la petición, así se tiene, la 1366/2004 de 14 de agosto y la 1059/2011 de 1 de julio; además, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “376/2018” y la “998/2014”.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta.

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”.

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde precisar que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el derecho a la petición se encuentra consagrado en el art. 24 de la CPE, estableciéndose que su núcleo esencial implica obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional fue desarrollando características que debe contener la respuesta, tales como: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable; 2) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, para que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;       3) Material; porque debe resolver el fondo de la pretensión y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del por qué se da, o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos; asimismo, la jurisprudencia señaló que, ante la existencia de dos razonamientos constitucionales diferentes y opuestos entre sí, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable, que en este caso, están referidos puntualmente al criterio de diferenciación del derecho a la petición con relación a la pretensión inmersa en un proceso judicial o administrativo; así, en relación a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, esta Magistratura, en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, asumió un cambio de razonamiento, adhiriéndose a la reflexión constitucional desarrollada en la SCP 0276/2019-S2, según la cual, para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela vía acción de amparo constitucional con referencia al derecho a la petición; y según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del indicado derecho, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación.

A este respecto, tomando en cuenta que el petitorio en la presente demanda tutelar converge en que se responda con una resolución administrativa a lo solicitado en el recurso de revocatoria; de antecedentes se tiene que, el impetrante de tutela dirigió su petitorio ante Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; sin embargo, no se evidencia de los antecedentes expuestos, que esta autoridad departamental, haya emitido respuesta material mediante resolución alguna al “recurso de revocatoria” interpuesto, evidenciándose solamente una Nota elaborada por Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador de la aludida entidad departamental, poniendo en conocimiento el informe elaborado por la Dirección de Gestión Jurídica de dicha Gobernación, no así, una respuesta de la Máxima Autoridad Ejecutiva ahora demandada en la que se resuelva dicho recurso de revocatoria de forma positiva o negativa, o caso contrario explicar por qué no corresponde su resolución por dicha autoridad, o también explicándole por qué no se considera lo reclamado por el impetrante de tutela, señalándole cuál el sustento legal de su decisión, más si la Nota emitida, no constituye una respuesta oportuna de acuerdo al contenido esencial del derecho de petición conforme el Fundamento Jurídico precedentemente citado, que establece que la respuesta debe ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable; y, 2) Material; porque debe resolver el fondo de la pretensión y no evadirlo; de ello, se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, es quien debe atenderla, tramitarla y resolverla respondiendo de forma positiva o negativa al solicitante; siendo que en este caso, por más de treinta días hábiles administrativos, el Gobernador ahora demandado en la presente acción tutelar no otorgó respuesta formal, pronta material y motivada, al “recurso” de revocatoria de 15 de mayo de 2019.

En conclusión, con relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; y, al recurso de revocatoria de 13 de mayo de 2019, no se otorgó una respuesta formal, pronta, oportuna, material y motivada, por ninguno de los demandados; por lo que, respecto a estos memoriales, corresponde conceder la tutela impetrada, en razón de que no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales previstos por la SCP 0276/2019-S2, la cual se constituye en el estándar más alto en la resolución de la presente causa; debiendo el Gobernador y el Director General de su despacho, otorgar respuestas al memorial con código 1785-19 y al recurso de revocatoria, de manera fundamentada y motivada.

En cuanto concierne a la solicitud de devolución de ciento cuarenta y dos piezas artesanales en veintitrés ítems valorados en $us45 000.-, que el impetrante de tutela habría otorgado en calidad de préstamo a la entonces Prefectura ahora Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, deberán ser los demandados quienes emitan un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado al extremo solicitado en función al contenido esencial del derecho de petición expuesto en el presente fallo.