SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0504/2020-S1

Asimismo, en relación al presente tema, debe precisarse que, si bien se tiene la posibilidad que la jurisdicción constitucional pueda revisar la valoración efectuada, sin embargo, dicha facultad “…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.”          (SCP 1215/2012).

Finalmente, respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, cabe referir que la jurisprudencia en la SC 0965/2006-R de 2 de octubre[3], determinó que para que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la parte procesal que se considere agraviada debe señalar que pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; asimismo, es imprescindible también, que se señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final.