SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2021-S4

           Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris ‘Derechos Colectivos’- y, en ese sentido, cualquier persona perteneciente a colectividad o comunidad afectada puede presentar esta acción que, como su nombre indica, es popular.

           Ello supone que, con la incorporación del proceso constitucional de la acción popular, se ingresa a una nueva lógica de litigio en sede constitucional, distinta a cualquier otro proceso constitucional de tutela de derechos individuales –acciones de amparo constitucional, de protección de privacidad y de cumplimiento, aunque con algunas similitudes con la acción de libertad– que impone deberes diferenciados a los administradores de justicia y a la ciudadanía, en aras de generar una cultura en la administración de justicia, basada en la idea de solidaridad que rebasa la idea de la justiciabilidad de derechos sustentada en la individualidad.

           Del desarrollo legislativo de la acción popular, contenido en los arts. 68 al 71 del Código Procesal Constitucional (CPCo), así como del jurisprudencial, se puede advertir una diferenciación sustancial que se aleja de los esquemas tradicionales de todo proceso, por cuanto, incorpora reglas procesales específicas sobre diferentes temas como son: la legitimación procesal −activa y pasiva−, la intervención de terceros interesados, la actuación del amicus curiae, la no exigibilidad del agotamiento de recursos ordinarios judiciales o administrativos, la inexistencia del plazo de caducidad, la carga de la prueba, la conversión de acciones de defensa, los efectos de la sentencia, el sistema de reparación de derechos colectivos e intereses difusos, etc.; visibilizando con ello, un proceso constitucional especial, revestido de informalidad y flexibilidad; cuyo diseño, en definitiva, responde a la finalidad de materializar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos y difusos a través del acceso a la justicia constitucional sin obstáculos o ritualidades procesales que lo impidan.    

           Ahora bien, en cuanto a la legitimación activa en la acción popular se tiene una concepción amplia, conforme previenen las normas citadas en los arts. 136.II de la CPE; y, 69 del CPCo, lo que no ocurre en otras acciones de defensa que protegen derechos individuales; por cuanto, mientras que en la acción de amparo constitucional, se exige que sea presentada por la persona −natural o jurídica− que se crea afectada o por otra a su nombre con poder suficiente, esto debido a que la naturaleza de los derechos individuales tutelados exige un agravio personal y directo, conforme lo entendió la SC 0626/2002-R de 3 de junio, entre otras, siendo la tutela peticionada en su propio y único beneficio; en la acción popular, cualquier persona natural o jurídica tiene derecho a formular demandas porque la protección y salvaguarda de derechos que se busca es para la comunidad; es decir, la legitimación activa la ostenta todo ciudadano para defender los derechos colectivos e intereses difusos de la comunidad a la que pertenece, de donde resulta que el titular de los mismos es la colectividad; vale decir, el agravio, la afectación, recae en ella.

           No obstante lo señalado, si bien, por expresa previsión del art. 136.I y II de la CPE, esta acción puede ser interpuesta por cualquier persona tratándose de derechos e intereses difusos, empero, cuanto se tratan de derechos e intereses colectivos, cuya titularidad corresponde a un grupo o colectividad determinada, la acción debe ser interpuesta por cualquier persona perteneciente a dicha colectividad o, por otra a su nombre, sin necesidad de mandato; denotando de esa manera, que la legitimación activa es amplia y no tiene mayores restricciones; además que puede interponerse en cualquier tiempo que subsista la vulneración o la amenaza, no siendo necesario agotar el reclamo en la vía judicial o administrativa, aun existieran mecanismos previstos para ello; previsión que encuentra su justificativo en la naturaleza de los derechos que se encuentran bajo su amparo.