SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª Nº 15/2023

La parte actora acusa que la resolución impugnada carece de motivación legal y mala interpretación de la norma legal, contraviniendo normas que atañen al debido proceso e igualdad de oportunidades entre las partes. Al respecto, es necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 65 inciso c) del DS. Nº 29215, que señala: “Toda resolución deberá basarse en un informe legal y cuando corresponda además en un informe técnico”, y lo establecido por el art. 66 de la misma norma legal, que expresa: “a) Relación de hecho y fundamentación de derecho (…) b) La parte resolutiva no deberá ser contradictoria con la considerativa y expresará la decisión adoptada (…)”; en ese sentido, se tiene que la autoridad administrativa tiene la facultad y la posibilidad de integrar los análisis efectuados en informes, en calidad de fundamento y/o sustento de la Resolución Suprema 26204 de 26 de diciembre de 2019, razón por la cual al integrar en forma textual señalando que: “De acuerdo con las etapas de saneamiento cumplidas, documentación aportada y conforme al análisis cumplido en el Informe en Conclusiones de fecha 21 de agosto de 2018, Informe de Cierre de fecha 21 de agosto de 2018, Informe Técnico Legal JRLL-SCEINF-SAN N° 679/2018 de fecha 23 de octubre de 2018, Informe Técnico – Legal Complementario DDSC-RE-INF. N° 903/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, Informe Legal JRLL-SCA-INF-SAN N° 661/2019 de fecha 28 de octubre de 2019 e Informe Técnico Legal JRLL-SCAINF-SAN N° 738/2019 de 13 de diciembre de 2019, se establecen los siguientes resultados y recomendaciones: se emite Resolución Suprema conjunta con los siguientes alcances: 1) Anulatoria, 2) Anulatoria de Conversión, 3) Improcedencia de Titulación, 4) Adjudicación y 5) Ilegalidad de la posesión; todo de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 29215”, que constituyen el sustento de la decisión asumida en la indicada Resolución; asimismo, forman parte inherente de éste tipo de Resoluciones, los actuados más relevantes del proceso administrativo ejecutado y la cita de las disposiciones legales correspondientes, que de ninguna forma podrían estar insertos in extenso en la Resolución Final de Saneamiento; y, así lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental como la contenida en la Sentencia Agroambiental Plurinacional (SAP) S1ª Nº 065/2018 de 26 de octubre, que consideró a la Sentencia Constitucional 1365/2005-R de 31 de octubre, confirmada por otras emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como la SCP 0153/2014-S3, que sostuvo: “(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión (...)”; estableciéndose que el contenido de las Resoluciones como en éste caso del saneamiento, refieren los datos finales del referido proceso, los mismos que están desarrollados de manera puntual, citando expresamente los Informes Legales y Técnicos que desarrollan los argumentos y análisis respectivos que sustentan las conclusiones comprendidas en los mismos, documentación que forma parte inherente de la Resolución Suprema, no obstante lo expresado precedentemente. 

Respecto a la declaración voluntaria notarial realizada por Luís Pedro Guzmán Alanez el 11 de marzo de 2020, cursante a fs. 350 de obrados, quien declara como funcionario Técnico dependiente de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, que por presiones de sus inmediatos superiores y el Director Departamental del INRA Santa Cruz, cambió el informe en conclusiones, corresponderá a la autoridad administrativa iniciar el proceso administrativo o en su caso la vía legal que corresponda.

Por lo advertido y expresado precedentemente en relación a los errores en cuanto a la valoración integral de la prueba que cursa en la carpeta de saneamiento, corresponde a la autoridad administrativa, corregir los errores procesales identificados, mediante un control de calidad conforme previsión del art. 266 del D.S. N° 29215, realizando una valoración integral de la prueba documental que cursa en la carpeta de saneamiento; en consecuencia, por los vicios procesales evidenciados en el proceso de saneamiento, se tiene que la Resolución Final de Saneamiento, contempla errores sustanciales, generando ineficacia en la misma, pese a que cumple con los requisitos de validez formal conforme las previsiones de los arts. 65 y 66 del D.S. 29215 y 52.III de la Ley No 2341; sin embargo, cuando los informes que sustentan la Resolución Administrativa contienen interpretaciones y/o aplicaciones normativas contrarias al mandato constitucional, corresponde la anulación del proceso para que pueda ser reencausado el proceso, contemplando las garantías del debido proceso.

En ese orden de cosas y por todo lo esgrimido, se llega a la conclusión, que el INRA, no realizó un análisis adecuado del trámite administrativo de saneamiento en cuanto a la competencia material del INRA y la valoración integral de los actos administrativos y las pruebas documentales cursantes en la carpeta de saneamiento, así como tampoco efectuó una correcta lectura de la Sentencia Agroambiental Nacional S1^a N° 09/2014 de 31 de marzo de 2014, habiéndose emitido la Resolución Final de Saneamiento con vicios procesales, que transgreden la normativa agraria y constitucional, vulnerándose de esta manera el debido proceso en sus componentes: aplicación objetiva de la ley y valoración probatoria, reconocidos por el art. 115-II de la CPE.