Auto Supremo AS/0525/2016-RRC

Asimismo, se tiene que el Tribunal de apelación, si bien acudió a lo establecido en el Auto Supremo 660 de 20 de noviembre de 2014 que en su parte pertinente señala: “no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho (…) En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena” (Las negrillas nos pertenecen); no reparó en la necesidad de que el nuevo fallo emitido de manera directa y que implicó la modificación a la situación del imputado, sea pronunciado debidamente fundamentado previa verificación si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho atribuido fue correcta o no, de modo que de advertir el error en que incurrió el Tribunal de juicio respecto a la adecuación de la conducta de los absueltos al tipo delictivo, tenía el deber insoslayable de calificar la conducta individual al tipo penal correspondiente, realizando la subsunción y fundamentando en qué consistió la errónea adecuación al tipo penal y al no hacerlo, infringió el art. 124 del CPP; por consiguiente, queda demostrado que respecto a este primer motivo, el Auto de Vista impugnado resulta contrario al precedente invocado contenido en el Auto Supremo 660 de 20 de noviembre de 2014, no así respecto a los Autos Supremos 105 de 31 de enero de 2007 y 131 de 31 de enero de 2007 que responden a distintas problemáticas con hechos fácticos diferentes al caso de autos, deviniendo el presente motivo en fundado.

Asimismo, respecto a lo alegado por el recurrente en la parte final de este motivo, en sentido de que si bien es posible la corrección directa de algún error en la sentencia sin que ello implique la posibilidad de revalorización de la prueba, por razones de orden será compulsada esta problemática en el punto siguiente.

III.1.2. En relación a la denuncia de revalorización probatoria.

El recurrente en este segundo motivo, invoca el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, emitido en un proceso penal por el delito de Lesiones Leves, donde inicialmente se dictó sentencia condenatoria, apelada que fue, el Tribunal de alzada dictó Auto de Vista declarando procedente la apelación restringida, revocando la sentencia condenatoria, absolviendo al imputado, fallo que fue dejado sin efecto a raíz de que la contradicción jurídica sobre la valoración de la prueba, radicó en que la facultad para apreciar la prueba es del Juez o Tribunal de Sentencia, no así del Tribunal de Alzada, según el precedente que contradice al Auto de Vista impugnado, pronunciando la siguiente doctrina legal aplicable: “la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite. Que la Sala Penal Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí debe especificar con claridad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, vale decir que, en el fundamento y justificación de la valoración de la prueba no concurrieron la ciencia, experiencia y las reglas de la lógica que hacen que dicha valoración sea o no convincente para el Juez Segundo de Sentencia; previa a esta actuación debe cumplir con los presupuestos que rigen en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal”.

Además, invocó el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, pronunciado dentro de un caso seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, dictándose sentencia condenatoria, siendo apelada por Auto de Vista se declaró procedentes los motivos primero, tercero y cuarto del recurso de apelación e improcedentes los motivos segundo y quinto; en consecuencia, anuló totalmente el juicio y dispuso el reenvío ante otro Tribunal; recurrido de casación el fallo, fue dejado sin efecto porque el Tribunal de Alzada valoró un solo elemento de prueba, hecho que además no era de su competencia, vulnerando la facultad del Tribunal a-quo, conllevando una actitud condescendiente y vulneratoria a su propia competencia, al no ponderar los puntos apelados, siendo deber de la autoridad jurisdiccional evidenciar que los puntos apelados se encuentran sustentados fáctica y jurídicamente; a cuyo efecto se emitió como doctrina legal aplicable lo siguiente: “la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico. 3.- Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal. 4.- Que los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: `producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas´; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados”