Auto Supremo AS/0252/2018-RRC

La responsabilidad penal del imputado es la máxima del derecho procesal penal, que debe ser el resultado de una adecuada subsunción del hecho a la conducta del imputado, la que debe estar respaldada por los elementos probatorios suficientes que logren vencer la duda razonable de acuerdo a una adecuada compulsa que el Juez o Tribunal está impelido de realizar en su labor jurisdiccional, en cumplimiento a los parámetro establecidos por los arts. 124 y 329 del CPP y de acuerdo a los arts. 15 y 30 de la Ley Nº 025. Con relación a esta labor el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, estableció como consideración doctrinal: “La subsunción supone la concreción de la norma esencialmente abstracta (tipo penal) y general al caso concreto y particular (hecho o hechos) que haya sido objeto del juicio. En primer término, y como labor inmediata, una vez concluida la valoración de la prueba y establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio; es decir, realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal. De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no sólo supondrá una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva (art. 115.I de la CPE), un entender contrario; es decir, el tomar una decisión por parte del juzgador, en base a una deficiente y defectuosa subsunción de la conducta enjuiciada aplicando el tipo penal irrazonablemente, comprometerá la vulneración del principio de la legalidad penal, en íntima y directa conexión con el derecho a la libertad”