Auto Supremo AS/0113/2019-RRC

En coherencia con lo referido, en el caso presente el Tribunal de alzada apoyado en la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004, y 432 de 15 de octubre de 2005, argumentó de manera clara y correcta que no tenía facultades para revalorizar prueba, en virtud a que en el actual sistema procesal penal, no existe la doble instancia; sin embargo, si bien es evidente que la valoración probatoria es una facultad privativa del Juez o Tribunal de mérito, dado que es el único quien tiene contacto directo con la producción de los medios de prueba por los principios de inmediación y contradicción, no es menos cierto que el Tribunal de alzada debe ejercer el control sobre la actividad probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia; debiendo enfatizarse que cuando se pretende un control sobre esa valoración, no puede fundarse en la credibilidad o no de un testigo, sino debe estar fundado en los siguientes errores: “falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo: falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella: falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.” (Orlando Rodríguez – Casación y Revisión Penal)