0000141 CIENTO CUARENTA Y UNO Así, la ley N° 19
0000141 CIENTO CUARENTA Y UNO Así, la ley N° 19.665 de 9 de marzo de 2000, modificó sustancialmente -en materia de órganos jurisdiccionales con competencia en lo penal- el Código Orgánico de Tribunales, al consagrar la existencia de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal, la organización de los mismos, y los jueces respectivos. Asimismo, la ley N°19.696 de 12 de octubre de 2000, establece el Código Procesal Penal, que consagra el sistema acusatorio, y que en el artículo 483 reitera lo expresado por la disposición octava transitoria constitucional, en cuanto a que sus normas se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. El artículo 484 del mismo código consagra su vigencia progresiva, en las distintas regiones del país; 8°. Que, en el contexto jurídico señalado, recogiendo el criterio de quienes sustentan la posición de estimar que el derecho penitenciario integra el derecho penal, el artículo 9° del D.L. N°321, de 1925 introducido en su actual texto por la ley N°21.124, está de acuerdo al Código Fundamental, por formar parte de la triada conformada por el sistema de cumplimiento de penas, la parte sustantiva del derecho penal y el sistema procesal, y siendo que en el caso concreto, el requirente fue juzgado y condenado conforme a las normas del Código Procesal Penal, el cumplimiento de las penas impuestas por el delito cometido, se debe ajustar al sistema vigente, teniendo lugar lo dispuesto en el Párrafo 5 del Título III del Libro II del Código Penal denominado “De la ejecución de las penas y su cumplimiento”, y en materia de beneficios penitenciarios, lo dispuesto en el reseñado cuerpo legal en su actual texto. De manera que, para acceder a la libertad condicional, el requirente deberá haber cumplido los requisitos que le permiten acceder a ella, al momento de presentar la solicitud; 9°. Que, conforme a lo razonado, y siendo que el requirente ha sido sancionado penalmente en un proceso oral, conforme a las normas jurídicas establecidas en el Código Procesal Penal, este Ministro concluye que la aplicación del precepto legal impugnado, en la gestión judicial pendiente, se encuentra conforme a la Constitución. El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ concurre al rechazo de la acción de inaplicabilidad en consideración a los siguientes fundamentos: 1°. Que, tratándose de preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, estimo que procede acoger la acción de inaplicabilidad cuando el requirente ha cumplido los requisitos previstos en dicho cuerpo legal con antelación a la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley N° 21.124, el 18 de enero de 2019, porque resulta contrario a la Constitución aplicarle las nuevas condiciones incorporadas por esta enmienda legal a las personas que ya las habían cumplido bajo el amparo de la normativa precedente (Rol N° 6.985, voto disidente en el Rol N° 6.717 y prevención en el Rol N° 7.181); 20
- 0000122 CIENTO VEINTE Y DOS 2021 REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia Rol 9921-2020 [1 de abril de 2021] ____________ REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 9° DEL D
- 0000123 CIENTO VEINTE Y TRES “Decreto Ley N° 321 (…) Artículo 3°
- 0000124 CIENTO VEINTE Y CUATRO Señala la parte requirente encontrarse recluida cumpliendo una condena de 10 años y un día de presidio, impuesta por sentencia de fecha 9 de abril de 2016, por hechos ocurridos el día 25 de mayo de 2015, calificados como Robo con Intimidación en grado de tentado, pronunciada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago
- 0000125 CIENTO VEINTE Y CINCO Tramitación El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 16 de diciembre de 2020, a fojas 11 disponiéndose la suspensión del procedimiento
- 0000126 CIENTO VEINTE Y SEIS por el Consejo de Defensa del Estado
- 0000127 CIENTO VEINTE Y SIETE Agregando el actor, que “En este caso, dichas normas no pueden ser aplicada retroactivamente, pues si así fuese, el legislador habría excedido su competencia, vulnerando el mandato de los artículos 1 º, artículo 5 inciso 2º, artículo 6º, artículo 7, artículo 19 Nº 2, artículo 19 Nº 3 y 7 de la Constitución Política de la República, contraviniendo las bases en que se funda el Estado de Derecho, lo que implica un vicio de constitucionalidad en el caso concreto, además ello en relación con los artículos 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 Nº 1del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el principio de la irretroactividad de la ley más gravosa al penado
- 0000128 CIENTO VEINTE Y OCHO QUINTO: Que “cabe constatar que se trata de la versión más clásica de la excepción al principio de irretroactividad de la ley penal en orden a identificar si un delito pasó o no a tener un régimen más benigno con la nueva ley
- 0000129 CIENTO VEINTE Y NUEVE administrativo”, en la medida que tales Reglas Penitenciarias no son sino una recomendación y no un instrumento normativo de obligado cumplimiento, cuya conculcación pueda ser denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( Abel Téllez Aguilera, Las Nuevas Reglas Penitencias del Consejo de Europa, Ed
- 0000130 CIENTO TREINTA condenado, por lo cual, la línea argumentativa de la actora de inaplicabilidad tampoco parece pertinente al caso concreto; c
- 0000131 CIENTO TREINTA Y UNO DÉCIMO SÉPTIMO: Que existiendo una diferencia entre la pena y la forma de cumplimiento de esta
- 0000132 CIENTO TREINTA Y DOS Que, del mismo modo como la tipicidad, la determinación de la pena queda afinada al momento de la condena, el surgimiento a posteriori de una ley más benigna en cuanto a la pena produce la opción de aplicar el artículo 18 del Código Penal, esto es, una operación de mera legalidad para la cual los jueces de fondo son los llamados determinar la aplicabilidad de una norma jurídica; DÉCIMO NOVENO: Que, cabe considerar que de conformidad al estatuto de ejecución de las penas previsto en los artículos 79 y 80 del Código Penal, y en virtud del Principio de Legalidad, la libertad condicional es un beneficio, regulado por un derecho adjetivo, es decir, no susceptible de aplicabilidad de la ley penal sustantiva
- 0000133 CIENTO TREINTA Y TRES al artículo 93, N°6 del mismo Código constitucional, al “hacer revivir procesos fenecidos…”; VIGÉSIMO CUARTO: Que, es del caso considerar que esta Magistratura ya se pronunció sobre la constitucionalidad respecto del artículo 9° del Decreto Ley N°321, y estableció su legitimidad constitucional en las causas Roles N°s 7181, 8108, 8536, 8816 y 9406, que establece la libertad condicional relativas a las personas condenadas a penas privativas de libertad; VIGÉSIMO QUINTO: Que, la Corte Suprema ha dejado traslucir su posición en el debate acerca de la retroactividad de las reglas que modificaron el tiempo mínimo de postulación, pronunciándose en el sentido que las normas sobre libertad condicional, en general, son normas de carácter administrativo, no punitivas
- 0000134 CIENTO TREINTA Y CUATRO III
- 0000135 CIENTO TREINTA Y CINCO extensión temporal de la forma en que se debía cumplir la pena privativa de libertad a la que fue condenado
- 0000136 CIENTO TREINTA Y SEIS esta garantía constitucional, se deduce la prohibición de aplicar una nueva ley o una ley promulgada con posterioridad al juzgamiento o a la condena, si ella no favorece o, más precisamente, perjudica al condenado, pues, en tal caso se vulnera su dignidad y sus derechos fundamentales
- 0000137 CIENTO TREINTA Y SIETE que “en esos países rige el principio de legalidad de la actividad penitenciaria y además existe un órgano jurisdiccional con competencia exclusiva sobre la misma, por lo que no resulta posible la equiparación
- 0000138 CIENTO TREINTA Y OCHO por cierto, pero a la que no hay motivo alguno para segregar del conjunto…sugiere que la independización del derecho penitenciario del derecho penal lo ha convertido en una “especie de subsistema secundario de escasa relevancia”, desvalorización que afecta el carácter preventivo general de la ejecución penitenciaria
- 0000139 CIENTO TREINTA Y NUEVE libertad, la cual no modificará la extensión de la misma, sino que únicamente pretende compatibilizar la responsabilidad del condenado con la necesidad de resocialización y readaptación a la sociedad
- 0000140 CIENTO CUARENTA 2°
- 0000141 CIENTO CUARENTA Y UNO Así, la ley N° 19
- 0000142 CIENTO CUARENTA Y DOS 2°
- 0000143 CIENTO CUARENTA Y TRES señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, respectivamente