AMPARO DIRECTO 420/2000. FRANCISCO ROMÁN ARCE ALARCÓN Y OTRA.

Es cierto que la autoridad responsable negó valor probatorio a la prueba pericial ofrecida por la parte actora, a la que su inferior le había otorgado valor pleno, considerando que la misma no es la idónea para acreditar la existencia de documentos contables, sino que, en todo caso, lo sería la inspección judicial; sin embargo, tal calificación no significa el reconocimiento de que el contrato base de la acción no sea apto para acreditar la disposición del crédito, pues su razonamiento sobre dicho medio de convicción no lo hizo para reconocer tal circunstancia, sino para llegar a la conclusión de que la prueba pericial no tiene valor probatorio, pues más adelante precisó que el contrato base de la acción acreditaba la disposición del crédito si se adminiculaba con la certificación contable, reiterando el valor probatorio otorgado a estos documentos.

En el último concepto de violación, los quejosos sostienen de nuevo la transgresión de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en relación con los diversos 349 y 356 del Código Procesal Civil del Estado, manifestando que la responsable de manera incongruente, coaliga la prueba pericial y el estado de cuenta con el contrato base de la acción, siendo que a la primera no le concedió valor probatorio y en relación al segundo aceptó que no es suficiente para acreditar la disposición del crédito, además que durante toda la resolución sostuvo que con dicho contrato se acreditaba tal disposición, por tanto al asociarlo ahora con las referidas probanzas acepta lo contrario, cuando lo necesario era exhibir otros documentos justificativos de la acción como pudieron ser cheques o fichas de depósito a cuenta.