AMPARO DIRECTO 2/2013. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. SECRETARIA: MARÍA LUISA CERVANTES AYALA.

"f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.

"3. Los gobiernos deben establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección al consumidor. Debe presentarse especial atención a la necesidad de garantizar que las medidas de protección del consumidor se apliquen en beneficio de todos los sectores de la población, y en particular de la población rural.

"4. Todas las empresas deben acatar las leyes y reglamentos aplicables en los países en que realizan sus operaciones. Deben también acatar las normas internacionales pertinentes para la protección del consumidor que hayan accedido a aplicar las autoridades competentes del país de que se trate. (En lo que sigue, las referencias a las normas internacionales en las directrices deben entenderse en el contexto del presente párrafo.)

"5. Al elaborar políticas de protección al consumidor debe tenerse en cuenta el posible papel positivo que pueden desempeñar las universidades y las empresas públicas y privadas en la investigación."

Así pues, este tribunal estima que no es posible sostener que, dentro de las funciones de la regulación, promoción y supervisión del desarrollo y la cobertura de las telecomunicaciones, que tenía a su cargo la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprenda la atención de las necesidades de los consumidores, sin que sea óbice el hecho de que se hable del colectivo de consumidores específico de los servicios de telecomunicaciones.

Esto es así, porque en nuestro país existe un marco jurídico especial para la protección de los derechos de los consumidores y órganos encargados de su vigilancia y aplicación. Este marco comprende disposiciones que se encargan de regular los aludidos derechos, de manera general, en relación con todo tipo de bienes o servicios, y dentro del mismo se hace referencia precisa de los actos y servicios que escapan de dicha regulación.