AMPARO DIRECTO 35/2022

VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.

Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el

incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera

cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el

embargo de cuentas de dicha institución pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo

con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue

confirmada en apelación. En desacuerdo, se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue

negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y

de acceso a la justicia. En contra de esta última resolución se interpuso revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el

derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio,

durante y posterior al mismo; siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la

ejecución de sentencias y resoluciones.

Justificación: El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran diversidad

de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes de este Alto

Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, atendiendo integralmente a

todo este parámetro, se sostiene que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho

público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para

acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o

a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas

formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión.

Derecho que comprende tres etapas: i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última

actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio,

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