CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, OCTAVO Y VIGÉSIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE

"La autorización y descuento a mi nómina de cantidades ilegales, por superar el porcentaje legal, así como la autorización y descuento de sumas superiores a mi capacidad de crédito; conductas efectuadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el pago de créditos personales contraídos por el suscrito con el tercero interesado."

De la demanda en cita correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró con el expediente 1123/2020, y mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto por razón de materia y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno, en la Ciudad de México.

El Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México registró la demanda con el expediente 690/2020, y mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno rechazó la competencia declinada.

Ante ello, mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México insistió en declinar la competencia y remitió los autos para la resolución del conflicto competencial suscitado, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo admitió y registró con el expediente CCA 5/2021.

Seguido el trámite correspondiente, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el citado órgano colegiado emitió resolución en los siguientes términos:

"SEGUNDO.—Con el propósito de resolver qué órgano debe conocer de la demanda de amparo, es conveniente tener presente el contenido de la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece:

"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’

"De acuerdo con el criterio transcrito, tratándose de un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender a la naturaleza de la acción, sin que se tome en cuenta la relación jurídica que vincule a las partes en conflicto, pues ese aspecto es propio del análisis que se realice en la sentencia por el juzgador.

"De ahí que para determinar la materia a que corresponde el acto reclamado se debe examinar únicamente su naturaleza, para lo cual se pueden tomar en cuenta las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoye la pretensión del demandante.

"Como se informó, el quejoso reclama la autorización y descuento, vía nómina, a su pensión por jubilación de cantidades superiores al porcentaje legal (30 %) y a su capacidad de pago, para cubrir préstamos que contrajo con las empresas financieras previamente citadas.

"El artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social establece, en lo que importa destacar, que los pensionados podrán optar por solicitar préstamos con cualquiera de las entidades financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que tengan celebrado un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social debiendo otorgar su consentimiento expreso para que dicho instituto le descuente de su pensión los importes relativos al pago del préstamo y los entregue a la entidad financiera.

"Asimismo, dispone que el organismo descentralizado únicamente podrá celebrar los convenios cuando se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, en ningún caso excederá del treinta por ciento del monto de la pensión mensual, ni implique que su cuantía se reduzca a una cantidad inferior a la pensión garantizada establecida en la ley, y que el plazo para el pago del préstamo no exceda de sesenta meses.

"Como se advierte, el derecho de obtener un préstamo con cargo a la pensión es una de las prerrogativas que tienen las personas que, al haber estado inscritas y haber cotizado al régimen obligatorio del seguro social, accedieron a las prestaciones que corren a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Respecto de la naturaleza de tales prerrogativas el Alto Tribunal ha establecido que, derivado de que éstas se otorgan en función de una relación laboral, todo trámite administrativo que apunte a preservarlas quedará inmerso en el derecho del trabajo, por lo que en caso de que los trabajadores o beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación previamente otorgada, serán competentes para conocer del juicio de amparo y de los recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

"El criterio en comento se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, que establece:

"‘SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458 con el rubro: «SEGURO SOCIAL LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.» sostuvo que al tener las cuotas de seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’

"La propia Segunda Sala ha establecido que cuando los beneficiarios de una pensión de viudez u orfandad a cargo del citado organismo descentralizado pretendan combatir la resolución que la suspende o modifica, pueden interponer el recurso de inconformidad, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero si estiman que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de respetar el principio de definitividad, y promueven juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo.

"Dichas consideraciones se encuentran reflejadas en la tesis aislada 2a. XVII/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 707, de rubro y texto siguientes:

"‘PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte.’

"Si en los criterios transcritos el Alto Tribunal ha sostenido que, cuando los trabajadores o sus beneficiarios impugnen actos relacionados con la extinción o modificación de las prestaciones que derivan del régimen obligatorio del seguro social, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las controversias son los especializados en materia de trabajo, por mayoría de razón también lo son para resolver los conflictos que surjan del otorgamiento y pago de una pensión relacionada con los seguros que integran ese régimen. "Así se sostiene porque, si bien no se refieren al caso específico en que un pensionado se inconforma con un acto relacionado con el correcto pago de la pensión, resultan orientadores para establecer que éste es de índole laboral, al estar relacionado con las prestaciones que la Ley del Seguro Social le otorga al asegurado que queda privado de trabajos remunerados, entre las que se encuentra el derecho de solicitar préstamos con cargo a dicho beneficio de seguridad social.

"Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el artículo 295 de la legislación en cita, que establece la procedencia de esa vía cuando se susciten controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, en los siguientes términos:

"‘Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa.’

"Por tanto, como la litis en el juicio de amparo consistirá en determinar si al efectuar los descuentos a la pensión del quejoso por los préstamos personales que contrató con diversas instituciones financieras, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha observado lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, es evidente que corresponde conocer de la controversia a un Juez de Distrito especializado en materia laboral.

"En mérito de las relatadas consideraciones y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, lo procedente es fincar la competencia para conocer del juicio constitucional al Juez de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, en turno, por lo que se ordena la remisión de los autos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito (sic) dicha materia y circunscripción para los conducentes efectos.

"Sin que sea obstáculo a la decisión alcanzada que el juzgador en quien se finca competencia no haya intervenido en la contienda competencial, pues lo que define ese aspecto no es la apreciación que los juzgadores participantes hayan tenido sobre la naturaleza del acto reclamado, sino de lo que las normas que lo rigen dispongan al respecto.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia a J. (sic) 61/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 113, que establece:

"‘COMPETENCIA, ATRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LA. A UN JUEZ NO CONTENDIENTE. Resulta irrelevante el hecho de que el juzgador en favor de quien se define la competencia no haya intervenido en la contienda competencial, toda vez que el tribunal de competencia no puede encontrarse limitado a los términos de un falso planteamiento competencial y mucho menos a decidir una competencia en favor de alguno de los dos Jueces que teniendo el carácter de contendientes, carecen de ella de acuerdo con las normas que rigen la materia. Adoptar diferente criterio llevaría a absurdos tales como que existiendo un conflicto competencial entre dos juzgadores de determinado fuero, tuviera que decidirse cuál de los dos resulta «competente», aun cuando del análisis del asunto se desprendiera que su conocimiento corresponde a un juzgador de un fuero diferente.’."

II. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCA 8/2021:

********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente: