REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 33/2017. ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO JURÍDICO DE JALISCO "2", EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 11 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS

"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

Del precepto transcrito, en lo que interesa, se evidencia que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada; esto es, prevé el principio de congruencia, de acuerdo con el cual, las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, tal como quedó formulada ante su potestad.

A lo anterior se considera aplicable la jurisprudencia I.4o.A J/31, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, materia administrativa, página 1047, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.—De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles –de aplicación supletoria a la materia fiscal– la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina."

Cabe destacar que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación a que se refiere la jurisprudencia en cita, es de similar redacción al numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En el caso, como se precisó con antelación, **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, a través de la cual el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" le negó la devolución solicitada en cantidad de **********.

En los conceptos de nulidad, específicamente en el cuarto y quinto, en lo que interesa, la actora indicó que su actividad preponderante era la fabricación y enajenación de harina de frijol deshidratado, por lo que se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por tratarse de un producto destinado a la alimentación humana, al que le corresponde la tasa del 0%, con independencia de si fue transformado en su proceso, y que no se trata de un alimento listo para su consumo; por lo que sí era procedente el saldo a favor que solicitó en devolución.