SENTENCIA CONSTITUCIONAL 107/2003

Nuevamente, frente a la solicitud de “Royal” S.R.L. y Asociados, la MAE del SNC dictó la Resolución Presidencial 26/2003, de 8 de julio,  en la que dejó sin efecto la adjudicación de la Licitación a favor de INCOTAR S.R.L.,  designó nueva ARPC y le instruyó conforme otra Comisión de Calificación para que proceda a la evaluación y calificación de los sobres “B”.

En consecuencia, si a partir del momento en que dictó la Resolución Presidencial  21/2003 de 6 de junio, quedó agotada la vía administrativa, el Presidente Ejecutivo del SNC  no tenía posibilidad alguna  para  pronunciar otras Resoluciones, menos desconociendo las decisiones que había adoptado  en dicho instrumento. Por consiguiente, las Resoluciones Presidenciales 24/2003 y 26/2003, fueron emitidas sin competencia, de manera que no tienen validez jurídica alguna. Empero, al haberse planteado este recurso únicamente contra la Resolución 26/2003 de 8 de julio, este Tribunal solamente puede declarar la nulidad de la misma, sin que le esté permitido abarcar otros actos o resoluciones que no han sido expresamente impugnados en la demanda.

Asimismo, cabe  especificar que la MAE si bien tiene la facultad de resolver el recurso de impugnación, y, si da curso al mismo, puede anular la Resolución de adjudicación de la ARPC, no es menos evidente que su competencia, en  cuanto a la solución del aludido recurso administrativo, no alcanza  a la  potestad de  disponer la adjudicación a favor de una de las empresas cuyos sobres “B” hayan sido calificados, sino que, anulada la determinación de la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, la MAE dispondrá se emita una nueva, observando las  normas que hubieren sido desconocidas, o anulará el proceso si detecta irregularidades en  su tramitación, sin poder adjudicar la Licitación, al ser ésa una atribución privativa de la ARPC. En ese entendimiento, inclusive la adjudicación efectuada en la Resolución Presidencial 21/2003, está viciada de nulidad. Pero -se reitera- este Tribunal no puede declarar la nulidad de  decisiones que  no hayan sido objeto concreto del recurso.