SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0303/2003- R

III.2   Que estando claramente definidas las líneas jurisprudenciales cabe también señalar que este Tribunal en la SC 136/2003 de 6 de febrero precisó: “El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal”, de lo que se extrae que la Ley fundamental del País,  persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo,  en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos (Así SSCC  378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R,  0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras). Asimismo en la citada sentencia se señaló que “...el orden constitucional, no obstante de ser el derecho a la defensa un instituto integrante de las garantías del debido proceso, lo consagra autónomamente,  precisando de manera expresa en el art. 16.II que “El derecho a la defensa en juicio es inviolable”; precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente.”