SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0489/2003- R

III.3    Que, tomando en cuenta que el derecho a la seguridad jurídica exige de las autoridades y funcionarios públicos la aplicación objetiva de la Ley, a cuyo efecto se ha consagrado la garantía del debido proceso que, como se tiene referido, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, el Consejo de la Judicatura, mediante Acuerdo 32/2000 de 28 de marzo de 2000, aprobó el Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial y el Manual de Funciones de la Unidad de Régimen Disciplinario; instrumentos normativos aplicables para los procesos instaurados contra los servidores judiciales para determinar su responsabilidad disciplinaria.