SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1359/2003 - R

III.3. Que, finalmente, no puede dejarse de mencionar el argumento del recurrente, en sentido de que ni la Jueza recurrida ni el Tribunal Constitucional tendrían atribuciones para modificar un laudo arbitral que tendría -supuestamente- la calidad de cosa juzgada y por tanto inalterable al tenor de los arts. 121-III CPE y 51 LTC. Ese entendimiento es erróneo, pues las mencionadas normas se refieren única y exclusivamente a los recursos de inconstitucionalidad, no alcanzan a los actos y decisiones de jueces y tribunales judiciales o especiales, como los tribunales arbitrales, los que están sometidos y sujetos al control de constitucionalidad, pues en un Estado Democrático de Derecho ninguna autoridad o funcionario, ni siquiera particular, menos acto, resolución o norma alguna puede sustraerse al control de constitucionalidad. De manera que, nuevamente, la fundamentación del recurrente resulta forzada y carente de todo sustento jurídico - constitucional.