SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1305/2005-R

De otro lado La jurisprudencia constitucional ha sostenido en sus fallos, -entre ellos- la SC 1223/2002-R, de 15 de octubre, que establece: “la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes”. Al  respecto se tiene igualmente  la SC 1734/2003-R, de 27 de noviembre entre otras. En ese sentido no es posible pronunciamiento alguno sobre la valoración de los hechos que el juzgador tomó en cuenta para dictar las Resoluciones impugnadas, dado que esa facultad es atribución privativa de las autoridades jurisdiccionales competentes ante quienes el recurrente debe demostrar los hechos sobre los que funda su pretensión. Tomando en cuenta  en el caso de litis que la exigencia que establece el AC 0079/2004-ECA, está referida a la necesidad de quien pretenda solicitar la extinción de la acción penal, debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en que partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el solicitante tenga que ofrecer y producir prueba, cuando la misma se encuentra en el expediente del proceso.