SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0180/2005-R

El recurrente arguye que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo y al debido proceso, por cuanto  en su condición de Alcalde Municipal, fue procesado por la Comisión de Ética del Concejo Municipal; que no obstante de que sólo uno de sus miembros recomendó que se le suspenda temporalmente de sus funciones, el Concejo Municipal adoptó esa determinación y dispuso remitir  los antecedentes a la justicia ordinaria para su enjuiciamiento penal, mediante Resolución Municipal 017/2004, de 20 de julio, pese a no existir en su contra Auto de procesamiento ejecutoriado. Corresponde, en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar la tutela buscada por los actores.