SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0019/2006

a)      La doctrina constitucional ha desarrollado el ámbito de regulación de los derechos fundamentales y ha definido que la potestad de su reglamentación está reservada al Estado, por el poder soberano y de gobierno que tiene, y; en concreto, al Poder Legislativo, al ser en teoría, el directo representante del pueblo, por ello se habla de la zona de reserva de la ley, entendida como el ámbito donde la regulación de una materia es de competencia  legislativa del Congreso.  Ello también ha sido definido en el art. 30 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando señala que las restricciones permitidas al goce de los derechos y libertades no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dicten por razones de interés general. Asimismo, la reglamentación y límites que puede poner el Estado, a través del Legislativo, a un derecho fundamental, debe cumplir ciertos presupuestos, es decir que debe pasar el test de constitucionalidad que dice que la reglamentación de derecho debe tener un límite entre la dimensión permitida y la prohibida.

De tal manera y con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005, de 18 de agosto, es necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas -directa o indirecta-. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas. Es en ese marco que se resolverá la problemática planteada en el presente recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad.