SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0666/2006-R

III.3. Ahora bien, en el caso presente, el Comité Electoral de COTEL Ltda., es un Órgano creado por el Estatuto de dicha Cooperativa con el expreso objeto de convocar a elecciones y llevar adelante tal proceso, para posibilitar la conformación de otros dos órganos de gobierno, como son los Consejos de Administración y Vigilancia, cuando sus componentes hubieran concluido su mandato de dos y un año respectivamente, tal y como mandan las normas previstas por el art. 56 del Estatuto de COTEL Ltda.; en virtud de ello, conforme denuncia la recurrente, en el caso de dicha Cooperativa, los miembros de ambos Consejos cumplieron su mandato los meses de septiembre del 2005 y 2004 respectivamente, lo que implica que desde esas fechas el Comité Electoral de COTEL Ltda. tenía la obligación de convocar a elecciones, en respeto del derechos de todos los socios de dicha sociedad de: “elegir y/o ser elegido para desempeñar  las funciones en cualquiera de los órganos de la sociedad” consagrado por el art. 10 inc. b) del Estatuto de COTEL Ltda.; empero, el citado Comité Electoral no cumplió tal deber; lo cual es evidente, ya que de los datos aportados por la parte recurrente y también por los recurridos, se evidencia que, si bien el Comité Electoral convocó a elecciones mediante las Resoluciones 003, para el 8 a 11 de diciembre; 004, a llevarse a cabo los días 14 a 17 de enero de 2006; 005, para los días 18 a 21 de febrero de 2006; y por último mediante Resolución 007, de 14 de marzo de 2006; dichas elecciones no fueron realizadas; en consecuencia, ninguna de dichas convocatorias se efectivizó y materializó la renovación de los Consejos de Administración y Vigilancia de COTEL Ltda.  

Al no haber cumplido la obligación de convocar y efectuar las elecciones para la renovación de los Consejos de COTEL Ltda., el Comité Electoral de la Cooperativa lesionó el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el art. 7 inc. a) de la CPE, de todos los socios de la misma; y por tanto, de la recurrente y su mandante, pues tal como ha sido expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia, el derecho a la seguridad jurídica, lleva implícita la obligación de que sean objetivamente respetadas y materializadas todas las normas legales que regulan la convivencia entre las personas, e incluso aquellas normas que las propias personas se otorgaron en ejercicio del derecho a la asociación; porque este derecho, además de la posibilidad de destinar, bienes, trabajo, derechos a un fin conjunto, conlleva la facultad de autorregulación; es decir, la potestad de dictar las normas que regirán las relaciones de las personas asociadas, por parte de los propios miembros, para establecer prerrogativas u obligaciones a ser respetadas dentro de los colectivos legalmente organizados, por parte de todos quienes los componen; de esa manera, las normas internas que se dictan en una cooperativa, deben ser cumplidas por todos los miembros de ésta.