SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0074/2006

   Esta norma constitucional  reconoce el derecho a expresar con libertad el propio pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias, que tiene el carácter de fundamental en cuanto de él es titular toda persona, sin ningún tipo de discriminaciones, a partir del reconocimiento que hace el orden jurídico sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la naturaleza racional de éste y su inserción, también natural, en la sociedad. Los miembros de toda comunidad, con las salvedades que la propia Constitución Política del Estado consagra (por ejemplo, las instituciones que hacen parte de las Fuerzas Armadas), son deliberantes y gozan de plena libertad para exponer en público sus concepciones y enfoques en torno a los temas que son de su interés y por tanto, mientras lo hagan sin violencia y dentro de las reglas jurídicas aplicables, y sin provocar daño a los otros -respecto de lo cual les serán exigibles responsabilidades posteriores-, forma parte de su derecho fundamental a expresarse con libertad la posibilidad de asumir posiciones críticas en los asuntos objeto del interés colectivo. En consecuencia, es inalienable la libertad que tiene cada uno de manifestar sin coacciones ni temores su personal opinión -favorable o desfavorable- sobre la manera como se conducen los destinos comunes y acerca de la aceptación o rechazo que, en su criterio, merecen los responsables de esa conducción.

   Una vez puntualizado el derecho a la libre expresión y haciendo el juicio de constitucionalidad de las normas contenidas en los arts. 1 y 2 de la Ley 2640 y art. 1 del DS 28015, se concluye  que éstas no vulneran de ningún modo lo dispuesto por el precepto constitucional referido, que consagra la libertad reconocida a toda persona para exteriorizar sus ideas, opiniones, creencias, etc., puesto que las disposiciones objetadas por el recurrente no establecen límite, restricción ni amenaza alguna al ejercicio de esa libertad individual, dado que determinan la necesidad de resarcir a las víctimas de violencia política durante gobiernos de facto en el periodo señalado, lo cual no tiene relación con el derecho a la libre expresión.